Intolerancia y delincuencia presidenciales

El jueves pasado más de 650 científicos e intelectuales pidieron al presidente López poner alto a sus ataques contra la libertad de expresión, en desplegado en que le reclaman utilizar “un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios” y con ello “agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante”. “Profiere juicios y propala falsedades que siembran odio y división en la sociedad mexicana”. “Sus palabras son órdenes: tras ellas han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes que han criticado a su gobierno. Y la advertencia de que la opción para los críticos es callarse o dejar el país”.  La respuesta del presidente el viernes fue que firmantes “deberían ofrecer disculpas” por haber apoyado a gobiernos del período neoliberal (como si eso fuese delito). El sábado la gobernadora de CDMX obstaculizó manifestación ciudadana de FRENA (¿Zócalo es solo para Morena?). El Poder Judicial Federal ya está requerido en demanda de amparo para analizar las “mañaneras”, en la que se reclama al presidente que suele acusar sin pruebas, mentir o difamar, alterando el debido proceso, como estableció la Suprema Corte al desarrollar la doctrina del “efecto corruptor”. La autoridad solo puede hacer lo que la ley expresamente le autoriza -principio de legalidad-. El presidente no tiene ilimitada libertad de expresión, su autoridad está acotada a las facultades específicas que la ley señala al cargo; a diferencia de los particulares.

Presentó su solicitud de realizar la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes, anomalía en el mundo occidental. Si tiene elementos para procesar  a alguno de ellos, está obligado a denunciarlo, y aportar pruebas. La falta de denuncia acarrearía sanciones. Resolver si una persona es sometida o no a proceso por consulta popular es contrario a todo el sistema de derechos humanos de la Constitución y de la Convención Americana respectiva: viola principios de presunción de inocencia, debido proceso, e investigación de exclusiva competencia del MP. Y viola la Ley Federal de Consulta Popular, que exige que la pregunta “no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo…” La pregunta que el presidente envió a la Corte es para investigar sólo a cinco últimos presidentes por sus hechos “antes, durante y después” de su ejercicio del cargo, y la motiva sobre todo en ser neoliberales. Deja fuera a Luis Echeverría, con más de 52 expedientes penales por matanza de estudiantes en l968 y 1971, único acusado de genocida; además de robarse kilómetros de playas en BCS y Q. Roo. Pero éste no es neoliberal: ¡son tan semejantes! No tengo duda que la Corte Suprema la invalidará; estresará al Poder Judicial, y frustrará a sus validadores quienes, a lo obradorista, ya difaman por “corrupción” a ministros equilibradores.

La criminal gestión de su gobierno ante Covid 19, “cuenta-contagios y cuenta muertos”, no ha evitado enfermedad y muerte evitables; soberbios, no rectifican, y no salvarán vidas salvables. La revista médica inglesa The Lancet evaluó a casi 100 países, y describe que la numerosa mortandad de médicos mexicanos (1er lugar) está ligada a condiciones laborales precarias por desabasto. Y los delitos cometidos con rifa del avión presidencial -que nunca fue premio- son fraude, aparte del desvío de recursos públicos de salud a juegos de azar. No obstante extorsiones a empresarios y mineras, no vendió todos los cachitos y ordenó comprarse con $500 millones que sacó de la FGR, entregó mil boletos a 900 hospitales COVID y solo 13 ganaron. Perdimos. A intolerancia y delincuencia presidencial: Seamos intolerantes