Iniciativa legislativa

Esta semana se presentó una iniciativa para reformar la norma relativa a Ciencia y
Tecnología e Innovación, CTI, a fin de promulgar la Ley General en esa materia; la
iniciativa fue presentada por 13 legisladores del PAN, PRI, PRD y MC, en la Comisión de
CTI de la Cámara de Diputados en el H. Congreso de la Unión.

La iniciativa es alternativa a la del ejecutivo federal (la cual no se sabe que haya sido
presentada formalmente9, cuenta con 80 artículos en 8 títulos, y abre la puerta, en su
capítulo 5º, a una ley especial para los CPIs, esto es relevante e interesante.

En conferencia de prensa se dio a conocer que tal iniciativa ha sido presentada luego de
estar en falta, ya que debía proponerse a finales del 2020 por mandato en artículos
transitorios de la Ley General de Educación Superior, LGES, en relación al párrafo quinto
del Artículo 3º constitucional.

En el momento de la conferencia de prensa se tienen “cinco iniciativas que se han
suscrito para cumplir el mandato transitorio”, dijo el Dip. Romero Hicks durante la
presentación de la iniciativa; que la duda si esas cinco iniciativas serán procesadas o sólo
la que anunciaron antier.

Dijeron haber consultado a diferentes instancias: ProCiencia, CPIs, Universidades,
ANUIES y otros.

No sobra decir que las opiniones de los CPIs han sido cupulares, sin retroalimentación de
las comunidades en estas instituciones, esto ha significado un sesgo e influencia por parte
de CONACYT; me queda clara la complejidad de una labor censuradora con la
comunidad en CTI, aquí sólo resalta que tampoco fueron convocadas voces destacadas,
las opiniones son de cúpula sin retroalimentación de la experiencia si no es bien vista por
la administración actual.

Los diputados postulantes destacan algunos elementos: (i) Es una iniciativa federalista, de
carácter general; es decir, con alcance a los tres órdenes de gobierno, sin quedar claro
cómo y con qué es que municipios financiarían y operarían la inversión en CTI. (ii)
Contempla un modelo de gobernanza, sin quedar claro cuál y cómo operará; (iii) Vincular
a la LGES. (iv) Desarrollar una estrategia de planeación con base en indicadores. (v)
Propiciar vínculos internacionales, sin tener claro, una vez mas, con qué recursos
financieros e instrumentos jurídicos y cómo la SRE será obligada a participar. (vi) Crear
estímulos directos e indirectos; sin que quede claro cómo se estimulará a miembros de la
comunidad en CTI para el emprendimiento y, finalmente, (vi) Tener un presupuesto
suficiente, sin que se indique el porcentaje que significará como suficiente.

El capítulo 6º de la iniciativa, relativo al financiamiento y presupuesto, sin duda será
controversial; está columna opina que deberá estar vinculado con claridad a la rendición
de cuentas y transparencia en el capítulo 8º de la iniciativa.

La mayor duda es cómo se permitirá, qué procedimientos y vigilancia habrá a fin de que,
quienes profesionales de la CTI, se favorezca su emprendimiento y participación en las

soluciones de problemas del sector empresarial productivo, el desarrollo de soluciones
tecnológicas en productos, procesos y servicios.

El tema del párrafo anterior no es trivial, ya que las instituciones, cuando financien o se
usen instalaciones y equipo, tanto como las instancias financiadoras de proyectos, si fuera
el caso, requieren el retorno de réditos por la inversión, usos y servicios que den; de la
misma manera, las personas, que participen en las soluciones que se logren, deben tener
participación de los remanentes o utilidades, según sea el caso.

Una coincidencia es destacable en la presentación de la iniciativa durante la conferencia
de prensa; quienes tomaron la palabra hicieron notar que las interlocuciones con la
directora del CONACYT dejaron mas dudas que respuestas, que la política pública en CTI
actual está plagada de ideología cuando la CTI requiere una concepción mas amplia.
Al momento, es relevante un activismo desde CTI tal que se de retroalimentación a la
iniciativa.