Indicador político

La crisis de seguridad en Veracruz, la respuesta presidencial y la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el Senado el jueves 25 pasado mostraron los indicios de una percepción contradictoria: la estrategia lopezobradorista de seguridad no fracasará, pero tampoco dará los resultados esperados.

La paradoja tiene una explicación: los tiempos presidenciales son políticos y los espacios de la seguridad son sistémicos. En Veracruz el presidente de la república le dio una lectura política a un problema criminal y le alzó la mano al pasmado gobernador Cuitláhuac García en señal de victoria, en lugar de exigirle delante de la sociedad veracruzana resultados en un plazo de tres meses porque el problema de Miahuatlán fue de fuero local.

La clave para que la estrategia dé resultados está en la definición del punto central: ¿quién va a destruir al Cártel Jalisco Nueva Generación, a Los Zetas, al Cártel de Sinaloa y al Cártel Santa Rosa de Lima, al Cártel de Tepito, al Cártel de Tláhuac y al Cártel de Iztapalapa? No se trata de acotarlos, negociar con ellos, hacerlos entrar en razón, replegarlos, sino de aplastarlos. Las estrategias de Calderón y Peña Nieto no dieron los resultados esperados porque se centraron en los capos y no en las estructuras.

Si el Estado mexicano y sus organismos de inteligencia y seguridad pública-interior-nacional desconocen estructura y nidos de estos cárteles, entonces toda la estrategia se centrará en el efecto mediático de bajar un poco las cifras. Y ese resultado puede obtenerse si los cárteles entran en razón, dejan de luchar unos contra otros, se centran en sus plazas y disfrutan de la llamada pax narca. Sin embargo, Veracruz ofreció la imagen del peor de los escenarios: los cárteles nacionales son una especie de consejo de administración y los grupos en cada entidad operan por su cuenta.

Y el otro dato que ilustra la percepción de que la estrategia no dará los resultados prometidos radica en el modelo presidencial centralizado: gobernadores y alcaldes, que fueron amenazados por la reforma Constitución de pagar servicios de la Guardia y entregar en seis meses un panorama de su fuerza policiaca, ya respiraron tranquilos porque el presidente ordenó no cobrar servicios.

Si las cifras de inseguridad que afectan la confianza ciudadana son por delitos de fuero común –los homicidios dolosos, por ejemplo–, entonces la estrategia debió ser muy dura con gobernadores y alcaldes. Pero la Guardia Nacional en los estados y municipios no logrará victorias si las estructuras del crimen organizado están amafiadas con autoridades locales.

Ahí fue donde ocurrió el error presidencial: en lugar de endurecerse en Veracruz con el gobernador y el alcalde –ambos de Morena, por cierto– por la ineficiencia, incapacidad, pasividad y negligencia –por decir lo menos–, el presidente de la república politizó el conflicto y le levantó la mano al gobernador. El problema de Veracruz, por lo tanto, pasó a fuero federal.

Y con toda la república contaminada por complicidades entre delincuentes y funcionarios locales, los efectivos de la Guardia no alcanzarán: 80 mil guardias en 150 coordinaciones en la primera etapa; de esos 80 mil, se supone un 40% de administrativos, quedando 48 mil reales para 150 plazas con una media de 320 en cada una y sólo 106 por cada turno de 8 horas. Y si la Guardia va a arrancar con acotaciones en derechos humanos y uso de la fuerza, entonces los delincuentes tendrán la ventaja operativa.

La falla de la estrategia radica en su cobertura territorial y de efectivos, no en un programa de inteligencia para destruir a las estructuras centrales de os cárteles. Cada municipio debe tener la obligación de presentan un mapa estratégico de la inseguridad en su territorio, pero en la realidad la clave del auge a nivel local ha radicado en la complicidad de autoridades locales con los grupos criminales.

Y es la hora en que los servicios de inteligencia y seguridad nacional del Estado carecen de ese mapa indispensable para sustentar en la realidad cualquier estrategia de seguridad.

El dilema político de la estrategia de seguridad se vio en Veracruz: apuntalar aliados políticos de cualquier partido y mejor si son del partido del gobierno o destruir las redes políticas y sociales del crimen organizado a nivel municipal y estatal. La opción primera fue la veracruzana, dejando la sensación de que la Guardia será sólo disuasoria vía presencia y no ofensiva para destruir a las bandas criminales.

Con la estrategia bajarán un poco las cifras con respecto a las de Calderón y Peña, pero no más.

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