Inacción para CTI

El gobierno federal ha delegado, desde la década de 1970, en el consejo nacional para CTI la responsabilidad de generar políticas públicas en esta materia, pero también de acompañarle con sustento científico en toma de decisiones y actos de responsabilidad pública, sobre esto hay inacción.

Ese consejo ha pasado por diferentes etapas y fue hasta al final del siglo previo e inicios del presente que a ese consejo se le empezó a pedir políticas públicas en ámbitos complementarios a lo que esta columna llama la dupla Conocimiento-Educación; se iniciaba la etapa de la tripa que ha incluido innovación, desafortunadamente la actual administración federal desconoce del asunto y sólo ha destruido lo de incipiente impulso.

En los cinco años recientes, ese consejo está en el imaginario colectivo, mas por presión de países socios de México que por iniciativa propia de gobierno federal, por eventos, toma de decisiones y actos de autoridad.

Ejemplos están en la vacuna antiCOVID que llamaron Patria, que no ha sido probada en población ante variante alguna del virus, entre otros vergonzosos temas.

Pero algo que ha quedado subyacente es la inacción dentro lo que este espacio llama dupla Cumplimiento-Normatividad.

Dos temas específicos ilustran la nula participación y acompañamiento de ese consejo: (1) El asunto del maíz transgénico de importación a México y (2) el tema glifosfato y su uso agrícola.

Por espacio trataremos aquí sólo uno, el de glifosfato; elegido porque existe mas información y hay resultados comparables internacionalmente.

El glifosfato ha sido usado en producción agrícola con algunos efectos documentados, junto con prácticas de monocultivo intensivo, ha implicado reducción de biodiversidad, empobrecimiento de suelo y biota entre otros impactos ecológicos; de ahí que en el mundo hay una tendencia a la prohibición de esta molécula química.

Una alternativa, dada la creciente demanda de mas de 8mil millones de bocas por alimentar en el orbe, está en las modificaciones genéticas para que los cultivos resistan sequía o plagas acompañado de mayor rendimiento; es el caso de maíz, soja y muchos otros productos.

Regresemos a glifosfato y la inacción del consejo.

El glifosfato es asociado, sin conclusiones contundentes a la fecha, con enfermedades, como cáncer o algunas otras; sin embargo, hacen falta mas estudios, ahí es dónde CONACYT debe invertir en investigaciones de CTI; es decir, estudios objetivos para derivar conclusiones sistemáticas, verdaderas y reproducibles a fin de acompañar la norma, su modificación, actualización y cumplimiento.

Mire usted, este año será publicado un estudio científico en relación a glifosfato, su uso e implicaciones en México (quien se interese puede ver la publicación en esta liga: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.139810); la autoría es de mexicanos con foco en Sonora, Jalisco, Chiapas y otros pocos estados.

Entre otros puntos, el citado artículo discute una comparativa sobre el uso de glifosfato en diversos países en contraste con el número de artículos científicos, México incluido.

Una conclusión en ese documento dice -traducción del columnista- “no hay investigación que vincule a glifosfato con algún tipo de cáncer. Aunque puede tener un impacto mayor del que se sabe por no estar documentado”, para añadir “no hay duda que hay gran preocupación respecto del impacto de glifosfato. Empero, para un mejor entendimiento se necesita identificar alteraciones metabólicas en humanos expuestos a glifosfato”

Es decir, falta investigación en CTI sobre el tema, para establecer normatividad y verificar su cumplimiento, debería ser una política pública investigar al respecto y mayor financiamiento público y privado para CTI.

No es suficiente una declaración en papel, PRONACES o como se llame cada sexenio, falta financiamiento y estructura en CTI para alcanzar objetivos de interés nacional, pero el CONACYT actual -sin H- sólo se cubre con financiamientos infrecuentes, pequeños, tardíos e insuficientes.