IES y propiedad industrial

El anteproyecto del gobierno federal para reformar la ley de Ciencia y Tecnología, LCyT, tiene alternativas que han sido discutidas y que obran en escritorios de algunas fracciones del Poder Legislativo; alternativas emanadas de la comunidad en Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI.

El activismo de colectivos, por ejemplo, ProCienciaMx, ha permeado y se ha hecho escuchar en el sentido de lo pernicioso del anteproyecto que propone CONACYT; que es de alto riesgo por promover el control centralizado sobre la generación y aplicación del conocimiento, tanto como un fuerte desincentivo a la libre cátedra e investigación.

Entre los disparates del anteproyecto oficialista, como hemos dado cuenta en este espacio, se encuentra que CONACYT pretende ser tenedor de los derechos asociados a los resultados técnicos obtenidos con su financiamiento. 

Lo que poco se ha dicho es que los proyectos financiados por CONACYT alcanzan, a lo más, a cubrir costos directos al proyecto; de los indirectos se desentiende.

Es decir, los salarios de responsables técnicos y participantes en los proyectos son cubiertos por las Instituciones de Educación Superior, IES, los impuestos asociados a nómina y obligación patronales, así como consumo eléctrico, de agua, mantenimiento de instalaciones especiales para equipo científico, así como el preventivo y correctivo de vehículos automotores (necesarios en áreas de CTI que requieren viajes de campo).

Además, las IES cargan con todos los costes asociados al cumplimiento normativo y a la operación administrativa; en otros países se cargan gastos generales al proyecto mismo (overhead en Inglés), en México CONACYT siempre se ha desentendido de ello, ahora mucho mas.

Otros que también absorben las IES son los costes que implican a la operación de los departamentos o áreas de vinculación donde éstas apoyen y asistan a profesionales de la CTI en planeaciones estratégicas, seguimiento y negociación de convenios con instituciones colaboradoras en el proyecto.

Luego entonces, las IES también erogan recursos para la ejecución de proyectos financiados por CONACYT,

Nada es por generación espontánea, se requieren recursos humanos, materiales y financieros para operar.

De hecho, esa realidad, para algunas IES significa que financieramente no es pertinente tener proyectos CONACYT en esos términos; provocan polarización en las IES pues profesionales de la CTI consideran que los proyectos son alternativas para su labor mientras que la IES pueden verles como una carga presupuestal.

¿Qué harán las IES ante el disparate pretendido por CONACYT en relación a la propiedad de derechos industriales?, ¿dejarán que se pisoteen su derechos, recursos y comunidad en CTI?

No se les ha visto en gestión como IES, tampoco como asociaciones de éstas -ANUIES es el caso-; nada de gestión que sea escuchada en relación a la potencial reforma de la LCyT; de hecho, el activismo ha sido a título individual de las personas y las asociaciones que conforman, no de las instituciones.

En opinión de esta columna las IES, Universidades y Centros Públicos de Investigación, deben proteger sus derechos industriales y los de su personal, regulados por las políticas internas, ante el hecho que el recurso financiero asignado y absorbido por todo coste indirecto que no se incluyen en los proyectos de CONACYT.

No hay expectativa de defensa en los Centros Públicos de Investigación dependientes del gobierno federal ya que, por ejemplo, los coordinados por CONACYT tiene directivos que les tiemblan las corvas tan sólo de tener o expresar alguna opinión diferente a la de Insurgentes Sur en la CDMX; muy lamentable.

Pero las Universidades públicas son autónomas y las privadas, ni hablar, tienen todo el margen legal y político para ejercer y defender los derechos industriales que les corresponden.

¿Las IES actuarán o serán omisas?, ya se verá.

Al MARGEN: Esta columna entra en receso, una semana; agradezco a quienes me leen, nos rencontramos el próximo futuro 19 de abril.