Hay de viejos a viejos… y no para todos

Han pasado tres sexenios, a los que se sumarán otros dos años y medio, en los que las pensiones han perdido su poder de compra y varios millones de mexicanos dependientes de ese beneficio derivado de su esfuerzo laboral y contributivo han sufrido la pérdida de sus condiciones de vida y de expectativas, pero también un compromiso que le puede significar un elevado costo político.

A 75 días de las elecciones más grandes de México y durante la emblemática conmemoración del 215 aniversario del natalicio de Benito Juárez, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para aumentar 21 por ciento la Pensión Universal para Adultos Mayores y recuperar todo lo que ha perdido su poder adquisitivo “durante el periodo neoliberal”.

La oferta, si bien se orientó a la Pensión Universal para Adultos Mayores que, a partir de julio y se entregará a partir de los 65 años, “como se hace con la población indígena” y ya no hasta los 68, tendrá aplicación para todos los viejos del país que en esa fecha cumplan con el requisito de la edad.

No solo eso. Este plan iniciará con un incremento del 15 por ciento en julio del presente año, pero en enero de 2022, en el de 2023 y en el de 2024 el aumento será del 20 por ciento anual más inflación hasta llegar a seis mil pesos bimestrales, el doble del monto actual y cubrirá a unos 10 millones de viejitos.

Así, parece inobjetable el anuncio presidencial.

Pero el Censo de Población y Vivienda del INEGI, junto con la realidad tienen “otros datos”, algunos preliminares: Casi 15 millones de personas de 65 años y más, de las cuales el 52 por ciento son mujeres, en su mayoría permanecen al margen de ayudas gubernamentales, aun cuando hacen aportaciones económicas al hogar y carecen de asistencia sanitaria.

Ese tipo de ayudas muestran que 7 de cada 10 personas de 65 años o más actualmente dependen de esos ingresos como principal fuente de subsistencia, pero en el tiempo no mejoraron su condición de pobreza.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) documenta que la desigualdad en el ingreso entre ese grupo de población es mucho más fuerte entre quienes no reciben ingresos de pensión por jubilación de parte de alguna institución como el IMSS o el ISSSTE; eso sin contar que de los 15 millones de viejos, alrededor de 2 millones viven solos y el 70 por ciento presentan algún tipo de discapacidad.

Todavía peor. Las mujeres en edad avanzada ameritan especial atención, ya que mayoritariamente carecen de pensión por jubilación por haberse dedicado a labores del hogar o a la informalidad y generalmente no aplican en los apoyos vía programas sociales.

Aunque para los que reciben alguna pensión del IMSS o del ISSTE, el presente o el futuro pueden ser optimistas; al contrario.

Como bien expuso el presidente, desde 2016 se decidió ya no pagar las pensiones con base en el salario mínimo que puede ser modificado por el Gobierno Federal a su arbitrio y en el monto que negocie con los empresarios en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), sino con la UMA cuyo valor cambia cada año de acuerdo al incremento de la inflación (INPC) y que ha mermado drásticamente el poder de compra.

Para colmo, la Suprema Corte de Justicia resolvió que se debe seguir aplicando la UMA en el pago de las pensiones cuando el salario mínimo ha crecido 44 por ciento en términos reales, mientras que la UMA se ha reducido en 58 por ciento en relación con el salario mínimo. Nominalmente, una UMA equivale a 89 pesos 62 centavos, comparada con 141 pesos 70 centavos del salario mínimo y si se considera el salario mínimo en la frontera, de 213 pesos 39 centavos, la diferencia es de 138 por ciento.

El anuncio prevé incrementar el presupuesto anual para la pensión de adultos mayores de 135 mil millones de pesos a 240 mil en 2022, a 300 mil millones de pesos en 2023 y a 370 mil millones de pesos en 2024, a fin de beneficiar a 10 millones 300 mil adultos mayores, nos faltarían algunos millones de viejitos pero concedamos el beneficio de la duda.

Desde esa perspectiva, no se podría negar el aplauso entusiasta, pero…

Lo que se anuncia se limita exclusivamente al programa gubernamental para adultos mayores y por eso refiere a un padrón de 10.3 millones de personas. No se refiere a todas las pensiones (como IMSS o ISSSTE) ni propone revisar las brutales diferencias entre salarios mínimos y UMA para atender a “los más desamparados, a los más oprimidos, a los que han sufrido, desde siempre, las mayores injusticias y los peores atropellos” que menciona en su discurso.

Su anuncio es al inicio de las campañas electorales y para alentar el ánimo de los ciudadanos habla de beneficios sociales, a pesar de que la realidad muestra contención de la emergencia pero no su superación, expone como fuentes de financiamiento a su plan a la austeridad a partir de la cancelación de planes de desarrollo productivo, científico y tecnológico, e invoca al combate a la corrupción, cuando todavía no se han mostrado resultados pero, en cambio, omite hablar de la inseguridad y la pérdida de competitividad económica del país.

La revisión de los números aunque somera expone el matiz electorero de la medida que busca la consolidación del poder y promover desde los hogares el voto por Morena, su partido.

Aunque parecía un golpe de timón en materia social y económica, como siempre la simulación gana.

Es increíble que hace dos décadas, el impensable Vicente Fox fuera quien concediera un incremento general de 11 por ciento para todas las pensiones, sin excepción.

Pero solo es para la clientela.

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