El gobierno da línea: 12 por ciento de aumento al mínimo
Por lo visto, la guadaña apunta a todo lo que huela a corrupción, la principal bandera del presidente Andrés Manuel López Obrador -inclusive por encima del combate a la pobreza-, pero solo a nivel federal, porque en los estados este cáncer está más fuerte que nunca, como demostraron las recientes cifras del Inegi y todos los escándalos sin resolver, los cuales se cuentan por montones.
Es cierto que el arresto del ex super policía de Felipe Calderón, Genaro García Luna, resultó una bocanada de oxígeno para López Obrador, quien cerrará el año con su discurso anticorrupción en lo más alto y el T-MEC en la bolsa -con todo y el cero crecimiento económico-, pero la pregunta que queda en el aire es si estos malabares políticos solo tienen como fin apuntalar a la 4T.
Porque si nos atenemos a la realidad, los actos deshonestos cunden en todo el país, sin que los estados, que son los principales señalados, tengan la voluntad para aliarse en esta cruzada por la honestidad en el servicio público.
Tan solo en San Luis Potosí es sintomático que el Sistema Estatal Anticorrupción sea un cero a la izquierda, al tiempo que su Comité de Participación Ciudadana no termine de conformarse. Esto, a pesar de aparecer en el reducido listado de entidades federativas que implementaron el esquema de la Ley General del Sistema Anticorrupción y que cuenta con un programa para evitar las famosas «mordidas» y los sobornos. Pura letra muerta, porque la entidad es una de las más corruptas del país, para el Inegi.
A nivel general, los mexicanos consideran que «la corrupción es una práctica frecuente entre los empleados del gobierno estatal, quienes buscan obtener beneficios personales como dinero, regalos o favores por la provisión de algún bien o servicio». Es decir, lo mismo que aplicó para García Luna con el cártel del «Chapo» Guzmán, según Estados Unidos.
Tan grave es el problema que, de acuerdo con el Inegi, la tasa de incidencia de corrupción es incluso más alta que la delictiva de robo en calle o transporte público. El principal escollo es que estos datos no son tomados en cuenta por los gobernadores. Y conste que en el caso de San Luis, no sólo el Inegi afirma que es un estado corrupto, sino otras encuestas.
Si de verdad la 4T es para todos, tiene que hacer algo urgente para ponerle un hasta aquí a los gobiernos de los estados y sus municipios, o de poco servirán capturas apantallantes como la de García Luna, si abajo sigue el gatopardismo.