Gobernadores y alcaldes se niegan a certificar a sus policías; GN gratis

La reunión del secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, con seis mandatarios estatales de la zona alrededor de Ciudad de México el viernes 17 de mayo podría ser el prototipo de la fragmentación de la república en bloques regionales. Pero al mismo tiempo, estaría mostrando la falta de compromiso local de gobernadores y alcaldes con una estrategia realmente nacional de seguridad.

El tema más importante de esa reunión fue la reafirmación del tema central: el nuevo modelo nacional de policía. Sin embargo, el principal retraso en la estrategia radica no sólo en la lentitud y apatía de gobernadores y alcaldes en la certificación y homologación de policías, sino en evidentes pruebas de que las autoridades locales no lo van a hacer.

La posposición otro año más de la certificación de policías tendrá un efecto negativo en el cronograma de suyo apretado de la estrategia nacional. Y la razón que se percibe en el interior de la republica radica en las evidencias de que la limpia de las corporaciones policiacas estatales y municipales sería costosa y, además, en la parte mas importante, trastocaría la estructura de poder de gobernadores y alcaldes.

Si desde el Acuerdo de Seguridad de 2008 se establecía la profesionalización de los cuerpos de seguridad locales, once años después gobernadores y alcaldes siguen haciéndose los distraídos con uno de los puntos más sensibles de la inseguridad: el Estado nacional no tiene la suficiente fuerza de despliegue de efectivos de seguridad para hacer el trabajo que pertenece, en diagnóstico, inteligencia y operación cotidiana, de policías estatales y municipales. En total, la fuerza policiaca estatal total sería de alrededor de 350 mil efectivos –y se necesitaría un aumento de 50% por lo menos para atender la fase de inseguridad– y la Guardia Nacional apenas llegaría a 150 mil efectivos.

En este sentido, los gobernadores han preferido trasladar los delitos de fuero común que corresponden a las autoridades locales a los organismos de seguridad de fuero federal. De ahí la insistencia del secretario Durazo Montaño en comprometer a gobernadores y alcaldes en una certificación de sus fuerzas policiacas locales. Y luego tendría que venir un esfuerzo presupuestal inesperado para la capacitación y rearmar a las policías locales.

El problema adicional radica en que gobernadores y alcaldes en realidad no han convertido a sus policías locales en fuerza pretoriana del poder. La usan, y con mucha frecuencia, para hacer favores, para asignar policías de investigación a escoltas de amigos y aliados e inclusive para su propia seguridad.

Profesionalizar a los policías locales exigiría un apoyo presupuestal en salarios y prestaciones que no se tienen. Y, asimismo, la baja calidad profesional de los policías afecta la cadena de seguridad involucrando a ministerios públicos, jueces y sobre todo penales federales y estatales en donde se han construido nidos de mando delincuencial que manejan al crimen organizado.

La oposición de gobernadores y alcaldes al mando único –la federalización informal de la seguridad– se mueve en los mismos temores de pérdida de autoridad y capacidad de mando político de las autoridades locales. El funcionamiento de las policías en el modelo de mando único tendría involucramiento federal en actividades sociales y políticas articuladas a los bloques de poder que sostienen a gobernadores y alcaldes. Pero al mismo tiempo, esos bloques de poder son la parte de sustentación del poder político de las bandas criminales.

En la reforma constitucional de la Guardia Nacional se incluyeron cuatro temas que tenían que ver con los cuerpos locales de seguridad: el diagnóstico de la situación de las policías, el plan local de seguridad, la certificación y como elemento de presión, la reforma ordenaba la inclusión en el reglamento de la Guardia Nacional el criterio de que su uso en el nivel de fuero común en estados y municipios se iba a cobrar. En el escenario de la resistencia local a profesionalizar sus cuerpos locales de seguridad, el cobro era una forma de presionar la reorganización de las policías estatales y municipales.

Pero por presiones de gobernadores y alcaldes, el presidente de la republica ordenó una reforma a la reforma para que los servicios de la Guardia a nivel estatal no se cobraran. Más que un ahorro, gobernadores y alcaldes vieron en esa medida un apoyo a su decisión de no reorganizar ni profesionalizar a sus policías estatales y municipales. Sólo que habrá muchos problemas de seguridad cuando la Guardia realice operaciones que toquen las relaciones perversas de complicidad de autoridades locales con el crimen organizado.

Si el gobierno federal no impone su decisión de que en el corto plazo las policías estatales y municipales sean profesionalizadas en el modelo nacional de policía, la estrategia federal de seguridad crecerá de resultados positivos. Así de simple.

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