Fin del outsourcing: más desempleo y más informalidad

El presidente AMLO pretende no regular, si no desaparecer, el mecanismo denominado outsourcing o subcontratación de personal por parte de las empresas, a lo cual afectaría la generación con los años de nuevos empleos formales al ser más selectivos los empleadores por los costos que implica un empleado, y cómo consecuencia el paso de millones a la informalidad, al quedar 4.6 millones en el limbo al estar en ese esquema de contratación.

Aunque la idea es positiva en el fondo, al tratar de resolver un grave de problema de informalidad y justicia social hacia los trabajadores, y combatir la evasión fiscal calculada en 21 mil mdp, la IP alerta que no contribuye a la creación de nuevos empleos en masa al quitar incentivos a la inversión, dejar a la deriva a millones que así están contratados y la desaparición de 6 mil empresas que sirven de empleadores a las empresas, además de afectar la productividad y cadenas de suministro.

Los costos por empleado para la IP son elevados al tener que dar cuotas obrero-patronales al IMSS, Infonavit y las aportaciones a la Afore, por lo que está propuesta presidencial hará que las empresas contraten de manera más selectiva en detrimento de un ahorro pensionario, adquisición de una vivienda y obtener los beneficios de la seguridad social, sin duda.

Cómo diría Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo federal, existe “bueno y malo” outsourcing en el mercado laboral, y en vez de regular lo que pretende la 4T es de plano cortar de raíz problemas que quizá deberían resolverse de otra manera; un tercio de los sectores productivos cómo servicio, comercio e industria manufacturera funcionan con empleados contratados bajo esta modalidad de subcontratación.

Los empresarios prefieren una inspección de las empresas que hacen evasión fiscal y castigarlas cómo se debe, a darles más carga fiscal a las empresas que generan empleos, principalmente las Pymes y las cuales están pasando por momentos complicados por los meses de confinamiento de la población por el virus covid19 y la lenta recuperación de los sectores productivos del país; este año el PIB no sólo decrecerá, sino que se estima se regresa a niveles prepandemia ya pasado este sexenio.

¿De verdad necesitamos medidas drásticas en tiempos de crisis económica y del bolsillo de los mexicanos? ¿Ayudará de verdad a la creación de empleos esta posible desaparición? ¿Los empresarios podrán ser capaces de contratar a 4.6 millones de personas cargando junto con ello mayores costos? ¿La posible recuperación de 21 mil mdp por evasión fiscal en este esquema de contratación será sostenible con el tiempo? ¿De verdad el esquema outsourcing es malo cómo pretende darnos a entender el Presidente?  Estás y más dudas merecen ser contestadas por los legisladores antes de votar una posible retirada de 6 mil empresas metidas en este negocio.

Al parecer, no sólo el PIB decrecerá en este sexenio, también la creación de nuevos empleos, la entrada de nuevos capitales y si en cambio se apretará cada vez más a los empresarios, principalmente las Pymes, en sus cuotas al Estado.