Federalización de la Nómina Educativa: Deuda Histórica

14 de octubre de 2025

6:30

Horacio Erik Avilés Martínez/Quadratín

Desde 2009, cuando pusimos en el debate público la imperiosa necesidad de federalizar la nómina
educativa en Michoacán, han transcurrido 16 años de promesas incumplidas, diagnósticos
archivados y oportunidades desperdiciadas. Hoy, cuando el estado se encuentra al borde de
solicitar nuevos créditos para mantener a flote sus finanzas, resulta urgente preguntarnos:
¿cuánto más tendremos que esperar para que se concrete esta reforma estructural que
beneficiaría a maestras, maestros y, sobre todo, a las niñas, niños y jóvenes de Michoacán?

En 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció con bombo y platillo que
Michoacán sería el primer estado en federalizar su nómina educativa. El 23 de enero de 2020,
incluso se firmó un convenio que generó esperanza entre el magisterio. Sin embargo, esa
promesa, como tantas otras en la historia reciente de nuestro estado, quedó en el olvido. El
sexenio de la llamada Cuarta Transformación concluyó sin que se materializara lo anunciado.

Desde 2018, tanto el gobierno federal como el estatal han ofrecido resolver este problema
estructural que afecta directamente la estabilidad laboral y económica de miles de docentes
michoacanos. El silencio actual del gobierno estatal sobre este tema es ensordecedor,
especialmente cuando se considera que están a punto de solicitar más créditos para financiar
gastos corrientes.

Recientemente, el senador Raúl Morón Orozco, presidente de la Comisión de Educación en el
Senado de la República, declaró que la federalización de la nómina educativa en Michoacán no es
un tema muerto y que existen avances en las conversaciones con la Secretaría de Educación
Pública federal. Esta declaración da visos de que el tema pueda convertirse en un compromiso
tangible con fechas, mecanismos y responsabilidades claras.

Intrínsecamente, el presidente de la Comisión de Educación del Senado ha reconocido las
complejidades del proceso: la situación de las plazas faltantes, las horas incompletas en
secundarias y normales, el problema de los maestros estatales que no han podido ejercer
plenamente sus derechos, y las implicaciones para Pensiones Civiles del Estado. Sin embargo, estas
complejidades no pueden ser excusas para la inacción. Son precisamente los problemas que la
federalización vendría a resolver de manera estructural.

La federalización de la nómina educativa en absoluto es una graciosa concesión al magisterio o un
favor político. Es una necesidad apremiante para:

Sanear las finanzas estatales que año con año destinan una proporción desmedida a
cubrir la nómina educativa, limitando la capacidad de inversión en otras áreas prioritarias.
Garantizar la estabilidad laboral de miles de maestras y maestros que han padecido
retrasos en sus pagos, discrepancias salariales y una incertidumbre permanente sobre sus
prestaciones.
Homologar salarios y prestaciones para eliminar las injustas disparidades que existen
entre docentes de diferentes estados, como bien señaló el senador Morón, tomando
como referencia el modelo exitoso de la Ciudad de México.
Liberar recursos estatales para invertir en lo que realmente importa: infraestructura
educativa, formación docente, materiales didácticos y programas que mejoren la calidad
de la educación.
Transparentar el uso de recursos mediante sistemas federales de control y auditoría que
eliminen opacidades y posibles malos manejos.
Mientras el gobierno federal estudia el tema y el Senado muestra apertura, el gobierno estatal de
Michoacán guarda un silencio preocupante. La administración debe pronunciarse con claridad:
¿están dispuestos a impulsar la federalización de la nómina o preferirán seguir administrando un
sistema que perpetúa la precariedad laboral del magisterio y el endeudamiento estatal?
El argumento de que "todos los estados querrían lo mismo" es falaz. Michoacán tiene
características únicas que justifican plenamente esta medida: un sistema educativo históricamente
precarizado, problemas crónicos de pagos atrasados, una deuda histórica con maestros estatales y
una estructura financiera estatal que destina una proporción excesiva de sus recursos a la nómina
educativa.
Es momento de exigir acciones concretas: a las autoridades federales, que dejen de "estudiar el
tema" y presenten una ruta crítica con fechas específicas. Al gobierno estatal, que asuma su
responsabilidad histórica y negocie activamente la federalización, en lugar de buscar más créditos
que hipotecan el futuro de Michoacán.
No será casualidad que, en el marco del cierre del ejercicio fiscal y de la elaboración del
Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 veamos al magisterio michoacano exigiendo lo que
por derecho le corresponde: un salario digno, pagado puntualmente, con prestaciones
homologadas y la certeza jurídica que solo la federalización puede garantizar.
La federalización de la nómina educativa es una gran vía para sanear estructuralmente las finanzas
educativas estatales, dotar de estabilidad laboral y económica al magisterio michoacano, y liberar
recursos que permitan invertir en la calidad educativa que nuestras niñas, niños y jóvenes
merecen.
Dieciséis años de espera son más que suficientes. Michoacán no puede seguir posponiendo una
decisión que es, antes que política, un acto de justicia social con quienes dedican su vida a educar
a las futuras generaciones.
Los beneficios de la federalización de la nómina educativa serán por lo menos los siguientes:
Estabilidad Salarial Garantizada
Los pagos al magisterio se realizarían de manera puntual y sin retrasos, eliminando la
incertidumbre que ha caracterizado al sistema estatal durante décadas y que afecta la economía
familiar de miles de docentes.
Homologación de Salarios y Prestaciones
Se eliminarían las disparidades salariales entre docentes michoacanos y sus pares en otros
estados, garantizando que maestras y maestros reciban compensaciones justas y equitativas,
como ocurre exitosamente en la Ciudad de México.
Saneamiento Estructural de las Finanzas Estatales
La liberación de la carga presupuestal que representa la nómina educativa permitiría al gobierno
estatal destinar recursos a inversión en infraestructura, salud, seguridad y desarrollo económico,
rompiendo el círculo vicioso del endeudamiento.
Transparencia y Rendición de Cuentas
La administración federal de la nómina implica controles y auditorías más rigurosos, reduciendo
opacidades, posibles malos manejos y la existencia de plazas fantasma o irregularidades
administrativas.
Regularización de Maestros Estatales
Miles de docentes contratados por el gobierno estatal que han enfrentado discriminación en sus
derechos laborales podrían finalmente acceder a las prestaciones y condiciones que les
corresponden bajo un esquema federal.
Certeza Jurídica y Laboral
La federalización establecería un marco legal claro y uniforme para todos los trabajadores de la
educación, eliminando ambigüedades contractuales y garantizando el pleno ejercicio de sus
derechos laborales.
Solución al Problema de Plazas Faltantes
Como señaló el senador presidente de la Comisión de Educación, existen múltiples plazas y horas
pendientes en secundarias, normales y otros niveles educativos. La federalización facilitaría un
diagnóstico nacional preciso y la asignación eficiente de recursos para cubrir estas carencias.
Inversión en Calidad Educativa
Los recursos estatales liberados podrían destinarse a lo verdaderamente importante: mejorar
infraestructura escolar, dotar de materiales didácticos, implementar programas de formación
docente continua y desarrollar iniciativas pedagógicas innovadoras.
Estabilidad para el Sistema de Pensiones
La federalización permitiría resolver de manera estructural el impacto que la nómina educativa
tiene sobre Pensiones Civiles del Estado, evitando el colapso futuro de este sistema y garantizando
el retiro digno de los docentes.
Modelo Replicable y Sostenible
Michoacán se convertiría en un referente nacional de cómo la federalización de la nómina puede
transformar positivamente un sistema educativo, demostrando que es posible conciliar justicia
laboral, eficiencia administrativa y calidad educativa para beneficio de toda la sociedad.
Así también, constituiría una invaluable inversión en el futuro de Michoacán y en la dignidad de
quienes hacen posible la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes: el magisterio.