Es la política como prioridad, no es el pueblo.

De los grandes pendientes legislativos que se discutirán en el Congreso mexicano para su aprobación y aplicación inmediata durante 2021 sobresalen los relacionados con el desmantelamiento de las instituciones autónomas que van desde el Banco de México, pasando por el INE, recalando en el INAI y en el IFT, para llegar a los organismos relacionados con la gestión del sector energético.

Extrañamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por su evidente desempeño en la propaganda política, no está contemplado en el proceso de desarme administrativo planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde que el pasado 19 de noviembre de 2020 el senador morenista Ricardo Monreal, luego de una larga reunión en Palacio Nacional, propusiera reformar y adicionar los artículos 20 y 34 de la Ley del Banco de México para que esta institución se convirtiera en captador de todas las divisas que ingresan al país para integrarlas a las Reservas Internacionales y entonces canalizarlos a los fondos gubernamentales de bienestar social.

Como parte de la propaganda suena muy atractivo pero, de proceder, abriría la “ventanilla oficial de lavado de dinero” al más alto nivel al tiempo pervertiría la autonomía del Banco de México para regresarlo al control absoluto del presidente de la república, con todo lo que la historia ha mostrado que eso significa en términos sociales y políticos.

Dado el rechazo nacional y extranjero, por las implicaciones que significa la globalización económica, incluidos los temas financieros y monetarios del país, esta propuesta se hizo a un lado pero no ha sido descartada.

Recién inició el nuevo año y como si fueran las albricias de los Reyes Magos, desde la mañanera se anunció el envío al Congreso de la Unión de una reforma más amplia para desaparecer a los otras entidades autónomas que fueron “creadas durante el periodo neoliberal” como “organismos alcahuetes” para aparentar el combate a la corrupción, pero que “le han costado mucho dinero al gobierno” y sólo han servido como «cortinas de humo» y «tapaderas».

Para justificar el proceso de desmantelamiento de los contrapesos presidencialistas López Obrador comentó, por ejemplo, que las funciones de organismos como el Instituto de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) pasaría a la Secretaría de la Función Pública en donde se garantizaría plena transparencia de toda la información pública, pese a las evidencias en contra, y que todo lo que hoy desarrolla el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) lo haría la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyas decisiones dependen del Ejecutivo, y los reguladores de energía pasarían a la CFE o Pemex, “que han demostrado ser ahora muy eficaces”.

«Entonces, vamos a revisar todo y los legisladores van a decidir y esto no significa, aprovecho para aclarar que se van a permitir los monopolios, no, y no significa que se van a quedar los trabajadores sin empleo, a todos los trabajadores se les va a garantizar su trabajo, pero vamos a buscar la forma de hacer eficiente y no onerosa, costosa, la administración pública».

Para contextualizar dichos con hechos, hace unas horas el gobierno federal informó al INAI que reservó durante 5 años toda la información relacionada con la compra de vacunas contra COVID-19.

Ahora, si vemos el problema desde la perspectiva presupuestal, que es el principal argumento gubernamental para “achicar el tamaño del Estado” mexicano (tal como lo desarrollaron aviesamente Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari) los organismos autónomos en general, incluido el INE, representan menos de 2 por ciento del gasto público total mientras que solo la operación financiera de PEMEX y CFE equivale al 15.6 por ciento. Los resultados en términos de precios, transparencia y generación de oportunidades favorecen siempre a las instancias autónomas, por lo que del caso del Banco de México vale la pena su análisis en próxima entrega.

Es claro, entonces, que el tema no está vinculado con la austeridad republicana, mucho menos con el combate a la corrupción y nada tiene que ver tampoco con el bienestar social. El fondo evidentemente es político-electoral.

Ojalá que los legisladores racionalicen en su oportunidad que atentar contra los organismos autónomos es regresar al centralismo de las decisiones presidenciales y que, con ello, se atenta contra nuestra endeble democracia.

@lusacevedop