En un sexenio perdido, Dios nos agarre confesados

El Banco de México dio a conocer hace unos días, un balance de su junta de gobierno que sume al país en profunda preocupación. 

De acuerdo con la relatoría de una reunión que sostuvo su Junta de Gobierno la semana pasada, la recuperación de México podría tardar toda una década. 

En la perspectiva más optimista, la recuperación podría tardar entre dos a seis años. Estamos, pues, en la antesala de tener enfrente todo un sexenio perdido. Los flujos de inversión privada hacia México se han detenido. 

De hecho, este año México dejó de pertenecer al grupo de las 25 economías más atractivas para la inversión extranjera directa. Aquí no hay garantías legales, ni políticas, ni sociales. 

Uno de los miembros de la Junta de Gobierno, consideró poco probable que, aún con la disponibilidad de la vacuna para el Covid19, haya una recuperación que compense la contracción observada en el 2020. 

Señalan que en los últimos dos años, se ha dado un modesto aumento presupuestal para el gasto en salud, aunado a una caída de la inversión pública a su nivel más bajo en 20 años.  

Si a esto se le añade la asignación de recursos a programas específicos y la rentabilidad social de los proyectos que se prevé financiar, comprometerán aún más el crecimiento potencial del país.  

El desaliento es total. La descomposición política y social, ya es también factor de reflexión entre los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México. 

“… los plantones continuos, las tomas de infraestructura ferroviaria y de casetas de peaje, el resurgimiento del robo de combustible y el aumento en la inseguridad desalientan la inversión privada para un crecimiento económico sostenido.  

 La política de confrontación y división también empieza a dejar sus saldos negativos en los análisis financieros. 

Ahora advierten que la falta de apoyo fiscal suficiente, aumentará el riesgo de daños de largo plazo en el aparato productivo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.  

Este entorno, combinado con un ambiente de negocios desfavorable, limitará la recuperación de la inversión. “Una política adversa a la inversión privada, comprometerá aún más el crecimiento potencial”.  

Por encima de este análisis sumamente técnico, el hecho es que México enfrenta una situación tan grave como la época posterior a la revolución, en 1910. 

El gobierno se vanagloria, por ejemplo, de ser el primero en muchas décadas, en haber logrado un incremento del 20% a los salarios mínimos. 

Pero la gente hoy le responde vía redes sociales: ¿De que sirve un incremento del 20% en el salario mínimo si sube la canasta básica un 100% del 2019 al 2020?  

Productos básicos como frijol y huevo subieron 12 y 16% respectivamente. La gente gasta más y consume menos.  

De acuerdo con datos oficiales, los mexicanos hoy gastan el doble por una despensa de consumo básico. 

El país se ha empobrecido aceleradamente. La clase media se ha reducido. Para los jóvenes es cada vez más difícil alcanzar al menos el ingreso nacional medio, que es apenas superior a los 7 mil pesos mensuales.  

Actualmente, un clasemediero percibe aproximadamente 14 mil pesos mensuales. La cercanía con el nivel de la clase pobre es cada día más reducida. 

Sin embargo, a contracorriente de la crisis financiera, económica, política y social, el actual gobierno mantiene proyectos que día a día se encarecen: 

El tren maya costará 17 mil millones más de lo presupuestado; Santa Lucía, 25 mil millones más; no se tienen datos fidedignos del costo de las 100 universidades nuevas; ni de los costos del Banco del Bienestar. 

Por si fuera poco, se nos habla de una consulta para enjuiciar a los ex presidentes, que podría costar unos 8 mil millones de pesos; todo para hacer algo que desde hoy se podría empezar: abrir carpetas judiciales a los dos últimos presidentes.  

Pero lo más dramático es lo ocurrido con los fideicomisos. Lejos de hacer las cosas como un gobierno auténticamente democrático, el régimen se va por la opción autoritaria. 

Sin una explicación técnica y detallada del por qué muchos fideicomisos han sido onerosos para el país ni de quiénes se han beneficiado con ellos, López Obrador los desaparece de un manotazo. 

Hoy, ni el propio IMSS sabe de dónde sacará los recursos para uno de sus fideicomisos en el que recibía dinero de fondos internacionales y de capital privado. 

Son más de 68 mil millones de pesos que el régimen manejará a su libre albedrío, sin mecanismos de supervisión. Igualito que la famosa rifa del avión. 

La pregunta aquí es ¿Por qué el régimen mantiene esa política de austeridad para el próximo año si, según el propio Presidente, ya han recuperado miles de millones de pesos en impuestos no declarados por las empresas? 

Walmart pagó 8 mil millones de pesos: America Movil 8 mil 200 millones de pesos; Minera Fresnillo 4 mil 200 millones; IBM 669 millones de pesos. 

A esto se le añaden mil 500 millones de pesos en cachitos de la rifa del avión, vendidos a empresarios mexicanos durante una cena. Si a eso le suman casi 280 mil millones del Fondo de Estabilización y un préstamo por 6 mil millones de dólares que obtuvo el país a través de la venta de bonos gubernamentales.  

Algo no anda bien… Dicen que hay una “caja chica” por aproximadamente 400 mil millones de pesos. Pero la cuestión es que no está contemplada para combatir la pandemia, ni la carencia de medicinas para el cáncer.  

Todo se va a los grandes proyectos estelares, que difícilmente estarán listos para este sexenio, pero fieles a nuestras costumbres, insistimos en creer. Dios nos agarre confesados.