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Reforma en el bachillerato, un paso hacia la modernización educativa
En México hay una acepción para la palabra chalán o chalana; se refiere a una persona que asiste, con poca experiencia y pericia, a quien sea experto; en la construcción, por ejemplo, mojando ladrillos, cavando o, incluso, yendo por las bebidas a la hora de la comida.
Hay otra, una con raíz en el griego bizantino, de ahí al francés para llegar al castellano, con la cual se entiende por chalana a una embarcación de fondo plano, proa aguda y popa cuadrada, que sirve para transportes en aguas de poco fondo y quietas.
Ambas imágenes se conjugan en la oficina del ejecutivo federal, esa de Insurgentes Sur, responsable de las actuales políticas públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI.
Lo anterior queda claro en la propia letra de la titular del CONACYT, quién publicó en La Jornada (https://www.jornada.com.mx/2022/01/15/opinion/013a2pol) la intención de ese consejo en lo que a posgrado se refiere; texto que está plagado, para no variar, de jerga obsoleta e irracional.
Este asunto se pudo entender desde mediados de 2021, cuando la titular de CONACYT lo anunció en el Instituto Mora (https://sanluispotosi.quadratin.com.mx/opinion/sistema-nacional-de-posgrados/), pero es hasta que publica su columna en La Jornada que queda claro la cantidad de errores conceptuales que llevan al CONACYT a la falta de sentido, también, en su propuesta para posgrado.
Esa falta de claridad ha llevado a contradicciones sustantivas y sostenidas; como el caso de la propuesta de reforma, congelada en Palacio Nacional, para la Ley de Ciencia y Tecnología.
Se ilustra el punto en el proyecto de reforma dónde CONACYT propone que una asamblea en cada CPI, de los que coordina ese consejo, apruebe los planes de investigación científica institucional, mientras que cuando la comunidad de CIDE se inconforma con decisiones de autoridad, equivocadas a todas luces, CONACYT -léase la Directora General y todo su equipo- pretende cambiar las reglas para que ahora sean decisiones verticales; por eso, como ejemplo, no da una.
Ahora, en relación a posgrados, CONACYT lo tiene todo confuso.
En su columna, la DG de CONACYT cita al prócer Morelos, para aludir a la libertad, pero en los hechos ella impulsa actos de autoridad que privan a la libertad; hasta denuesta, en el mismo texto, la libertad de investigación calificándole de mercantilista; asegura que el PNPC “fomentó la aparición de múltiples programas en respuesta a designios y prioridades del mercado e intereses privados”, escribió.
También esgrime descrédito hacia las IES privadas, hecho que no sólo es despropósito, sino, además, absurdo; compara a la elección de las personas a estudiar en instituciones privadas con el consumo infantil de comida chatarra, es ridículo.
Si bien la educación pública es un pilar fundamental de la sociedad que se debe defender, en particular porque permite la movilidad socio-económica ascendente -por “aspiracionismo”-, la libertad de las personas a optar por educación en IES privadas no debe ser sujeta, señalada, denostada ni discriminada por ningún acto de estado o gobierno.
La libertad consagrada en el Siglo XIX en México es tal que permite, sin menoscabo ni discriminación alguna, que las personas elijan recibir la educación donde sus posibilidades, talento, trabajo y dedicación se lo permita y así lo decida; lo cual aplica a programas de posgrado públicos, de ahí la importancia de la competitividad y productividad, CONACYT no lo entiende.
Empero, dadas las evidentes defensas a lo indefendible desde Palacio Nacional, a delfines, delfinas, posibles embajadores y demás especímenes, no parece que haya cambio en quien navega chalana si no provee ventaja electoral.
AL MARGEN: Me dicen que la UdeG inicia curso a finales de cada enero y no en marzo como escribí en la entrega inmediata anterior, como era cuando estudié ahí; la premisa prevalece, se requiere que el SNI resuelva cada año anterior a fin de no afectar arbitrariamente a profesionales de la CTI. Gracias por la lectura a esta columna.