El pleito por el presupuesto 2020

Alcaldes en rebeldía // Xavier Nava entre los sublevados // Proponen la creación de un fondo especial para los municipios del país.

Sucedió el pasado 22 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México. Era de madrugada y frente a la Puerta Mariana de Palacio Nacional  se congregaron 300 manifestantes. Los ánimos estaban encendidos: ¡Queremos entrar! ¡Queremos audiencia con el presidente!, gritaban.

El reloj de la Catedral Metropolitana marcó las 6 de la mañana cuando un contingente de alcaldes de 15 estados de la república,  pancarta en mano y animados por música de tambora, solicitaban  a los guardias de seguridad que le informaran al Presidente Andrés Manuel López Obrador que ahí estaban y que les urgía una entrevista antes de que iniciara su conferencia “mañanera”. Entre los manifestantes se encontraban Xavier Nava, alcalde de la capital y los presidentes municipales de San Martín, Rioverde, Ciudad del Maíz, San Ciro, y Moctezuma.

Su petición de audiencia fue desechada por considerarse una acción marrullera con fines políticos y por la actitud pendenciera de los alcaldes. AMLO les mando decir que: “Si los presidentes municipales quieren más recursos que se bajen los sueldos y también a todos los altos funcionarios; no compren vehículos de lujo, no viajen y eviten la corrupción. Tengo que decirle porque a lo mejor ni saben, qué no es aquí el lugar para reclamar, es en la Cámara de Diputados”.

El presidente los puso en su lugar y los mandó al diablo.

Luego de esta respuesta, los rebeldes presidentes municipales se pusieron más roñosos y quisieron entrar por la fuerza a Palacio Nacional. Para dispersarlos, los guardias de seguridad los rociaron con gas lacrimógeno. La agresión inflamó aún más los ánimos y provocó que durante tres horas los manifestantes estuvieran presionando para ser atendidos. Sin embargo los ignoraron. Al final y ya cansados, los alcaldes abandonaron el lugar pero antes pegaron en la puerta principal un letrero con la consigna “SALVEMOS A LOS MUNICIPIOS”.

Horas más tarde y buscando encausar el conflicto por vías pacíficas y de diálogo, personal de la oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación buscaron a los alcaldes subversivos para convocarlos a una mesa de negociación con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, en el edificio de Bucareli.

LOS RECLAMOS

Los presidentes municipales del PAN, PRI, MORENA y PRD se duelen del presupuesto que recibirán el próximo año. No les otorgarán más dinero, por el contrario, se los disminuirán. Reclaman que con esos presupuestos tan pobres no podrán atender la demanda de servicios básicos que exigen los ciudadanos de los 2,457 municipios del país.

Los presidentes municipales piden un 10% más de presupuesto en los ramos 28 y 33 y que se les aumenten los recursos para obras de infraestructura, además de 6 mil millones de pesos a través del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) y dinero para atender la continencia migratoria (Fondo de Apoyo al Migrante). Los ediles, muy lebrones, amenazaron con regresar a la Ciudad de México con más gente si no son atendidos en sus demandas y, de ser necesario, tomarán el Palacio de San Lázaro, sede del Poder Legislativo.

Siempre se ha dicho que los municipios son la autoridad más cercana a la gente y es verdad. Este nivel de gobierno es la primera ventanilla a la que acuden los ciudadanos para exigir servicios de agua potable, pavimentación, drenaje, seguridad, obras de infraestructura, recreación y cultura, vialidades, manejo de residuos sólidos no peligrosos (basura), mercados y ayuda a la población marginada, entre otras muchas necesidades que hay que atender.

Pero en México se vive un federalismo que castiga las finanzas de los municipios. La mayoría de las 2,457  alcaldías del país son pobres o muy pobres. Esto debido a que el gobierno federal se queda con la mayor parte del presupuesto. Va un ejemplo. Del Fondo Federal Participable (la gran bolsa a repartir) solamente el 4% corresponde a los municipios. Es decir, de cada 100 pesos del presupuesto, 80 se los queda la federación, 16 los estados y los municipios apenas reciben 4 pesos. Una miseria. Por eso los más de 300 alcaldes que se manifestaron el pasado 22 de octubre en Palacio Nacional solicitan que se les aumente de 4 a 10% las participaciones ya que de lo contrario no podrán hacerle frente a las exigencias de sus comunidades.

La Cámara de Diputados deberá aprobar el presupuesto del próximo año a más tardar el 15 de noviembre. Si no se atiende el reclamo de los alcaldes se van a vivir tiempos tormentosos y de pobreza franciscana en todos los municipios del país.

La lucha de los presidentes municipales apenas comienza. Es fácil pronosticar que habrá más momentos de tensión y desencuentro entre autoridades locales, el supremo gobierno y los diputados federales ocasionados por el desigual reparto del dinero público.