El perro del hortelano

Que el poder ejecutivo haga lo posible por detener la ayuda ciudadana a los damnificados por el huracán Otis en Acapulco es algo inconcebible. Precisamente porque es lo que ha pregonado todo el tiempo: que aquellos que puedan ayudar a la sociedad lo hagan, especialmente en favor de las personas más desafortunadas. Él insiste constantemente en que la riqueza de México está concentrada en unos pocos y que la clase media anhela alcanzar ese nivel de prosperidad. Lo que él y los miembros de la 4T reclaman es que estas personas, a las que a veces se refieren como «fifis», «conservadores» o «aspiracionistas», deberían centrarse más en ayudar a la gente necesitada. Sin embargo, en este momento, cuando la gente empobrecida en Acapulco está sufriendo, el presidente de México ha suspendido la ayuda y ha empleado para ello al ejército y a la guardia nacional.

En su defensa, algunos argumentan que no es el ejército el responsable de incautar la ayuda y restringir a quienes intentan asistir a la población afectada. Sostienen que esto es obra del narcotráfico, que tiene tanto poder en Guerrero como para hacerse pasar por el ejército sin que ninguna autoridad lo detecte, a pesar de que operan en puestos de control de este tipo durante horas. Esto plantea un grave problema, ya que la difusa línea entre el ejército y el crimen organizado constituye en sí misma un desastre de proporciones colosales. Así que, en cualquier caso, ya sea que sea el ejército el que está llevando a cabo estas actividades de confiscación y represión de la ayuda, o que el narcotráfico lo haga, la situación es lamentable. Ambos problemas deben atribuirse al poder ejecutivo de la nación y a la secretaría de la defensa nacional.

Algunos proponen que implementemos medidas de seguridad para poder prestar ayuda sin enfrentar tales obstáculos. Una de estas medidas es etiquetar los productos donados de tal manera que no puedan revenderse, como ya se ha demostrado que hace el gobierno. Otra es canalizar la ayuda a través de instituciones confiables y de alcance nacional, como la Cruz Roja o las iglesias, que cuentan con sus propias redes de distribución y siguen siendo respetadas tanto por el ejército como por el crimen organizado, aunque, en este caso, ambas parecen ser prácticamente la misma entidad.

Mientras tanto, el presidente continúa su campaña electoral, que ya lleva casi cinco años, en apoyo a la maestra Delfina en eventos proselitistas. Mientras esto sucede, uno de los puertos más importantes de México, tanto en términos históricos como turísticos, está atravesando un doloroso evento exacerbado por la grave falta de seguridad en la región y sus alrededores. La gobernadora no está respondiendo de manera adecuada, y los llamados «servidores de la nación» muestran cierta disposición para ayudar, pero, al mismo tiempo, intentan convencer a las personas afectadas de que la falta de distribución de la ayuda es responsabilidad de los gobiernos anteriores y no del presente.

Ni siquiera es necesario mencionar el grave error de desintegrar el Fondo de Desastres Naturales, una acción que ha sido defendida incluso por la propia Claudia Sheinbaum. A todas luces, esta decisión resulta un perjuicio considerable para nuestra población.

Este monero se da cuenta de que el retroceso alcanzado supera ya los 30 años. Es decir, el gobierno actual ha socavado instituciones sumamente importantes, que costaron décadas de lucha y de tolerar la imperfecta democracia que vivíamos. Por ello, afirmo que hemos retrocedido 30 años.