El Pacto federal, de las transgresiones a la chacota

La confrontación entre los gobernadores agrupados en la Alianza Federalista y el presidente López Obrador ha transitado de la imposición de mecanismos de control político y económico al chantaje, la coerción y las amenazas hasta llegar al pitorreo.

Como consecuencia de la austeridad “republicana” que fue sorprendida por la pandemia y el estilo personal para enfrentarla, un grupo de gobernadores de partidos políticos diferentes al del presidente se quejaron por las restricciones presupuestales dispuestas desde Palacio Nacional y por el aislamiento que se les dio en la toma de decisiones que vulneraban su soberanía, que aprovecharon con razón para invocar violaciones al famoso Pacto Federal.

Desde 1917 cuando se formó el Estado Mexicano se acordó que, aunque soberanos, los estados y ´municipios al unirse delegarían su representatividad en un gobierno central que los representaría como nación, bajo las normas estrictas establecidas en la Constitución.

Sin embargo, este esquema federal establece que esa forma de gobierno se sustenta en una descentralización administrativa de un grupo de entidades públicas con personalidad jurídica y patrimonio propio que dependen de una centralización política.

Ante la coyuntura derivada de la contingencia del COVID-19, algunos gobernadores consideraron la posibilidad de examinar las reglas del juego político centralista y contrario a la democracia que se acrecentó en casi dos años, mediante la revisión de la parte financiera del Pacto Federal, sin considerar que esa posibilidad se ha convertido en posesión del Presidente de la república que le representa el control político, económico y social. El simple cuestionamiento dio paso a una lucha campal de máscara contra cabellera y sin considerar quién tenía más posibilidades de ocupar el grupo de los rudos.

En medio del desdén político y en una de sus visitas a la lona, los mandatarios estatales se envalentonaron, recogieron el sentir popular y dijeron que había llegado la hora de respetar el espíritu republicano, federalista y democrático de México, de replantear el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, reconsiderar la extinción de los 109 fideicomisos y ponderar un cambio de ruta en la estrategia federal contra la pandemia por Covid-19.

Pidieron establecer un diálogo efectivo y una empatía real. Desde lo alto de las cuerdas amenazaron que si no se establecen puentes firmes y de respeto entre el gobierno central y los estados y municipios, se pondrá en riesgo la consistencia y razón de ser del pacto federal.

Desde la esquina de los rudos, por la mañana se escuchó un sonoro ¡Uy que miedo!

En lo que va de este sexenio y en los anteriores, el Pacto federal se ha puesto en duda muchas veces. Ya sea por la desigual distribución de los recursos fiscales o las políticas públicas que pasan encima de las soberanías locales, por decir lo menos.

Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, sabe de este tema. En 2018 emprendió durante 16 días su Caravana de Dignidad para exigir al entonces presidente Peña Nieto la entrega de 900 millones de pesos y exhibir la manera en la que el Ejecutivo federal ahoga con las participaciones fiscales federales.

En la actualidad, el presidente López Obrador también se ha valido del control central del poder para violentar al federalismo y la soberanía de los estados y municipios en varias ocasiones y en muy corto tiempo.

Incluso, lo hizo antes de tomar posesión al anunciar la creación de los Superdelegados. Más tarde, con la imposición de la Guardia Nacional y ahora con el control de los recursos federales.

Con los coordinadores estatales de Programas Sociales del Gobierno de México se dijo, sin dar muestras hasta ahora de algún resultado, que serían parte del combate a la corrupción en la operación y supervisión de los planes, programas y acciones de la Federación en los estados, lo que constitucionalmente es una invasión de las competencias de los poderes estatales, legal y democráticamente establecidos.

En el caso de la Guardia Nacional, el gobierno de la 4T excluye a los gobernadores de las acciones en materia de seguridad para convertirse en invitados a los Consejos Estatales de Coordinación con lo que, en la práctica, las autoridades locales se subordinan a las federales en un esquema de militarización de la vida pública.

Como se aprecia, el Pacto federal que fue concebido para promover el desarrollo equitativo de todos los miembros de la Federación a fin de evitar contrastes y rezagos no solo ha sido exactamente lo contrario sino que en una lucha libre los gobernadores ya cayeron en la chacota presidencial de amenazar con hacer consultas públicas para decidir si rompen o no con la federación.

Se les olvida que la Constitución es norma por ser Pacto federal. ¿Quién le hace el juego a quién y para qué?

@lusacevedop