El ministro y la Guardia Nacional

El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca creyó que era la causa de la
reforma judicial.

Incluso lo planteó como una venganza del gobierno que encabeza el presidente
Andrés Manuel López Obrador. Sin ningún rubor y seguro de sus palabras lo expuso
en estos términos en el recinto legislativo de San Lázaro, el día que se inauguraron
los diálogos nacionales.

¿Y qué había hecho González Alcántara Carrancá para que el gobierno de la 4T
quisiera vengarse?

A lo mejor le remordía la conciencia, quizás porque no estaba convencido de que
hubiera hecho lo correcto.

El ministro puso freno a la reforma legislativa de 2022 impulsada por Morena y sus
aliados que ponía a la Guardia Nacional bajo la jurisdicción de la Secretaría de la
Defensa Nacional. Elaboró un proyecto que echó por tierra esta medida con el
argumento de que la Constitución le daba un carácter civil a la guardia, no militar.
A pesar de lo aprobado por la Suprema Corte de Justicia, en los hechos, en la práctica
la guardia siguió con administración militar y elementos formados en la disciplina del
Ejército.

Alcántara Carrancá, por lo expresado en los diálogos nacionales, se sentía culpable
de haberse cruzado en el camino de dicha acción gubernamental y por eso veía como
venganza la reforma judicial.

No tuvo que ir muy lejos por la respuesta y aclaración, Gerardo Fernández Noroña,
quien entonces se desempeñaba como diputado federal, precisó que la reforma
judicial era y es un mandato popular.

El ministro se quedó callado ante la explicación y afirmación del legislador.
La actuación de Juan Luis González Alcántara Carranca ha pecado de soberbia,
caracterizada por el viejo estilo de juzgadores que se sienten puros, perfectos,
semidioses, inalcanzables, intocables.

Cuando vio que la reforma judicial avanzaba, sobre todo después del resultado de la
elección del 2 de junio pasado, empezó a exigir su derecho de audiencia. Los
diputados se los respetaron, en contraste con la conducta del propio ministro que no tiene tiempo para escuchar a quienes están involucrados en casos que le toca
resolver.

El colmo de su desempeño es que en la reciente revisión que hizo del recurso
246/2023 validó el criterio de “cosa juzgada” emitido por el Séptimo Tribunal
Colegiado con respecto a la tortura que sufrió el periodista e ignoró las resoluciones
de inocencia “irrevocables”, que habían “causado ejecutoria” a favor del mismo
comunicador.

Le valió que se juzgara al periodista dos veces por el mismo delito.

A pesar de su rechazo, la reforma judicial ya es una realidad, entró en vigor una vez
aprobada por el legislativo y promulgada por el Ejecutivo.

El ministro Alcántara Carrancá sigue en el ojo del huracán porque deberá elaborar el
proyecto sobre si los juzgadores, jueces y magistrados, tienen derecho a impugnar la
reforma judicial.

Además, por las opiniones públicas que ha emitido, cae en conflicto de interés, toda
vez que es sabido que está en contra de la reforma, por lo que sería difícil que
resuelva con imparcialidad.

Con la nueva reforma, lo que haga o deje de hacer el ministro, podría acarrearle
consecuencias más adelante, una vez creado el tribunal disciplinario. De existir alguna
queja, sería evaluado su desempeño y hasta sancionado, si fuera el caso.
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