El falso debate entre federalismo y revocación de mandato

La emergencia del coronavirus y la incertidumbre económica desnudaron la pobreza intelectual, imaginativa y política de nuestros gobernantes para hacer frente a una amenazante crisis que se pretende ver como un problema superficial y no como un iceberg del que se ignoran las dimensiones y consecuencias que subsisten en su colosal porción sumergida.

A partir de las evidentes deficiencias en la atención y cobertura de las dificultades sanitarias las autoridades han tratado de encubrirse en la discusión de dos temas provocativos para la ciudadanía: el federalismo y la democracia, con los que se pretende desarrollar un falso dilema nacional cuando todavía no se construye el panorama posible para cuando el país regrese a la normalidad.

Sin propuestas de políticas públicas posteriores al COVID-19, los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Jalisco, principalmente, han amenazado con suspender su participación en el Pacto Fiscal Federal, sobre la base de que los cuatro estados aportan alrededor del 35 por ciento de la recaudación nacional participable del país, porcentaje que apenas resulta el doble de lo que genera del Estado de México, aunque su participación en el PIB es casi similar y por eso, creen, pueden intentar un chantaje sin considerar lo que significa el pacto federal para sus entidades.

Como contrapartida, el presidente de la república ofreció como desafío adelantar la figura de la revocación de mandato, con lo que no solamente violenta también el orden constitucional, sino que entra a un juego que debilita a la democracia, al tiempo que contribuye a desprestigiar a la república, cuando su función tiene que ser la de promover la unidad nacional.

Esos elementos reflejan la incapacidad para entender al iceberg con el que se topará la realidad mexicana y que, desde la perspectiva gubernamental, no muestra de qué manera enfrentaremos la desaceleración económica mundial y nacional que, para nosotros el FMI advierte una caída del PIB de -6.6 por ciento este año, en un entorno global proteccionista e incierto.

Durante los últimos meses y en las semanas recientes, el Ejecutivo federal ha profundizado las diferencias ideológicas y de preferencias que, junto con el creciente deterioro de los partidos políticos, han dividido a la población entre buenos y malos, afines y contrarios; pero sin que la impunidad y la corrupción hayan sido contrarrestadas por la acción de la justicia, al tiempo que la inseguridad también campea cínicamente en el país a pesar de la cuarentena.

Como nunca en la historia de México, el federalismo enfrenta múltiples y complejos desafíos representados por la desigualdad social y económica entre las regiones que, en buena medida son, en buena parte, causa de esta discusión política.

Es claro que los gobernadores y el presidente de la república, ofuscados por la inexistencia de políticas públicas federales y de planeación, que se agravaron por la dispersión de recursos en obras ineficaces o innecesarias, derivaron en descoordinación y en el justificado descontento social.

Pero lo peor es que ninguna de las partes gobernantes entiende que el federalismo es un régimen de alta complicación técnica y política por el que deben hacer coexistir dos soberanías distintas: la nacional y la local, la de los poderes federales y la de los estados, pero también la de los municipios.
La naturaleza del origen del pacto federal determina esa coexistencia.

El federalismo tiene que reflejar coordinación, cooperación y alianza entre los diferentes niveles de gobierno, para agilizar la toma de decisiones y llevar a cabo políticas públicas en beneficio de todos los mexicanos, que es lo que se traduce en gobernabilidad.

La amenaza de romper con el Pacto federal, además de complejo y absurdo favorece el desorden, refuerza la polarización social, despolitiza y debilita a la democracia porque propone la centralización de las decisiones públicas.

De ahí que el presidente López Obrador se sintiera con la fuerza suficiente para lanzar el reto de adelantar la revocación de mandato.

En contra del federalismo solo queda la ruta de la centralización política y administrativa del poder, en donde el gobierno central es la autoridad suprema y tiene todo el poder en la toma de decisiones, sin contrapesos.

No hay que perder de vista que el centralismo se origina por la falta de fondos económicos en los estados para brindar los servicios básicos a todos los ciudadanos y, así, el gobierno central asume las competencias de los gobernadores y alcaldes, porque en él recae el ejercicio y administración de los derechos públicos de todo el país, además de que el gobierno central tiende a decidir sobre el destino, los derechos y la libertad de las mayorías.

Lejos de existir condiciones para la revocación de mandato o para el desmantelamiento de la república con una ruptura del federalismo para formalizar un gobierno central, lo que la ciudadanía exige es gobernabilidad que brinde desarrollo con seguridad y democracia.

Es difícil imaginar que, por las insuficiencias de los gobernantes federal y estatales, se trate de ignorar no solo la existencia de un iceberg que acompaña a la crisis del coronavirus sino de su parte oculta y que, a cuatro años de que se cumpla el bicentenario del federalismo en México, se proponga la ruptura y en lugar de la unidad, el desorden y no el progreso.

Pensemos como equivalentes que, si el circo con sus trapecistas y payasos es un instrumento de transformación social, la política puede hacer mucho más que dedicarse a promover falsos debates.

Claro, siempre y cuando el denominador común sea la inteligencia.

@lusacevedop