El comedido trato de EU

A los estándares, usos y costumbres del presidente Trump, México ha sido objeto de un buen trato. Desde luego, si se compara. En días pasados, hasta su favorito, Bibi Netanyahu —dice la versión periodística—, fue objeto de una muy ruda reprimenda por parte de Trump. Entre otras cosas, le dijo que, de no ser por él, estaría en la cárcel.

Debe recordarse la grosera y hostil recepción que dio al presidente Volodímir Zelensky, de Ucrania, y no se diga la agresión al entonces primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Más allá del ámbito comercial o diplomático está el de la seguridad.

A México le ha ido mal porque el país ha estado en falta. Por una parte, perdió el control de sus fronteras y, por la otra, el imperio de la impunidad propició la connivencia de los gobiernos con el crimen organizado. Se resolvió lo primero, pero el narcotráfico es un grave problema nacional, también de seguridad hemisférica y, en la perspectiva de Trump, propio del terrorismo, mientras que el fentanilo es considerado un arma de destrucción masiva.

La acción contra Maduro fue esencialmente militar, al amparo del régimen legal de combate al terrorismo, y la cara visible fue el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Para México, la relación ha sido diplomática, a cargo del secretario Marco Rubio y del subsecretario y exembajador en México, Christopher Landau. También participa Ronald D. Johnson, un embajador todoterreno.

La lucha contra el narcoterrorismo implica a todo el aparato de autoridad norteamericano. El Comando Norte fue central en el abatimiento de El Mencho, acción de sus pares militares mexicanos; por eso no intervinieron la Secretaría de Seguridad, la FGR ni otras instancias nacionales de autoridad.

El operativo de Chihuahua, en el que se destruyó el laboratorio más grande de producción de fentanilo, dio cuenta de la presencia de agentes de la CIA. La DEA opera con mayor intensidad, como también lo hacen otras agencias y departamentos. Drones sobrevuelan el territorio nacional. La inteligencia está atenta a todo. Llega el capítulo de procesar a los narcopolíticos. El curso a través del Departamento de Justicia es la forma ortodoxa para actuar contra un narcodelincuente extranjero.

El caso de los diez imputados escala la gravedad porque son funcionarios que pusieron al gobierno local al servicio de un cártel considerado terrorista. Se documenta y prueba que hubo un acuerdo entre Rocha Moya, y un cártel para ganar la elección y, una vez en el poder, servir al grupo criminal. Debe subrayarse que el proceso es estrictamente legal. Las imputaciones y la solicitud de detención de los aludidos fueron aprobadas por un gran jurado. La gestión se presenta a través del acuerdo de extradición que amparan las leyes de ambos países.

No se procedió, como en el caso de Maduro, mediante un régimen legal extraordinario relacionado con el terrorismo. México está en el plano de la civilidad concertada y debe actuar de conformidad con las reglas que ésta plantea.

El país no está en estado de indefensión, pero la respuesta política y retórica del gobierno, además de la implícita negativa a proceder conforme a lo comprometido por el acuerdo de extradición, lleva el caso a una situación de extrema gravedad, que compromete no solo al gobierno, sino también al conjunto del régimen político y, desde luego, al país.

Debe preocupar el curso de acción de las autoridades judiciales norteamericanas. La audiencia del general Mérida en la Corte de Nueva York anticipa no solo pruebas abundantes, sino que otros imputados habrían de sumarse a las solicitudes de detención.

La postura del gobierno de México es jurídicamente suicida e indefendible. Responder a un requerimiento judicial por la vía política es tan inútil como contraproducente. Desde la perspectiva externa queda en evidencia que el gobierno mexicano no está dispuesto a cumplir con las obligaciones que le imponen las leyes y los tratados.

El comportamiento del gobierno mexicano plantea dos escenarios de respuesta del gobierno norteamericano. El más preocupante sería arrogarse el derecho de actuar a partir del código extraordinario de lucha contra el terrorismo; el otro, no menos desastroso, aunque menos violento, sería ampliar la lista de imputados e incluir, eventualmente, a empresarios, políticos y funcionarios de alto nivel, con las implicaciones políticas y económicas que tal decisión entraña, así como con señalamientos a empresas y organizaciones, e incluso al partido en el gobierno.