El cobre

Desde hace por lo menos 44 años, si tomamos como medida el golpe a Excélsior en 1976, el tema de la libertad de expresión, y su correlato que es la política de medios han formado parte de nuestro imaginario ciudadano. Lo único que intento es poner un piso. Por ello es bueno recordar también que 133 periodistas han sido asesinados desde el año 2000, 15 de ellos en lo que va del actual gobierno.

Reporteros Sin Fronteras ubica en el 99% el índice de impunidad.  Sólo Afganistán y Siria reportan más asesinatos de periodistas que México. La diferencia entre aquéllos y nuestro país es, desde luego, que los dos primeros están en guerra.

Los periodistas se convierten en blancos cuando su trabajo pone al descubierto algún tema comprometedor para grupos de poder, como el narcotráfico, y sí, políticos y gobiernos, que sienten de este modo amenazados sus intereses, que curiosamente suelen converger con los del narco.

Lo siento, pero este largo preámbulo era necesario para ubicar el grado de estupidez de la propuesta que la semana pasada hizo el diputado Eleazar Rubio, de Morena, en el Congreso de la Ciudad de México. Rubio, hay que decirlo, es suplente de Ramón Jiménez López, quien pidió licencia. Hay que agregar que el diputado suplente, que únicamente presume en sus perfiles sus fotos con YSQ, será porque no tiene más nada qué presumir, llegó al Congreso por medio de las tómbolas. Sí, triste asunto. No es el único, claro, pero éste brilla.

Bueno, el tombolista-morenista presentó la semana pasada una iniciativa de reforma al Código Penal de la CDMX para impedir que los periodistas realicen investigaciones, como lo lee, y se limiten, dice, a informar sobre los hallazgos (sic) de las autoridades, como si los hubiera.

Vale la pena recordar aquí que prácticamente todos los asuntos de que se encarga hoy la autoridad (es un decir), ha surgido justamente de las investigaciones periodísticas, que es gracias a ellos que los ciudadanos hemos conocido de los latrocinios del pasado reciente. Como cereza pide que se reincorpore el delito de Difamación, que durante décadas sirvió para criminalizar nuestro trabajo. Era la espada sobre nuestro cuello para detener o limitar nuestro trabajo, que es justamente de investigación.

Esa es una de las historias más infames contra el periodismo pues se incoaban juicios y se enderezaban procesos contra todo el que se atreviera a cuestionar sus intereses. Uno de esos ejemplos es el que sufre ahora el académico y articulista Sergio Aguayo, pero por el que han pasado, y siguen entrampadas, figuras como Carmen Aristegui y muchos más, sin olvidar el caso de Miguel Ángel Granados Chapa y Alfredo Rivera Flores, por la publicación del libro La Sosa Nostra, ahora santificada y aliada de YSQ.

Será, me pregunto (yo sospecho de todo, lo siento, es una antigua y persistente deformación profesional), que aceptarían la investigación del pasado, si sólo se atuvieran a la que relacione a los corruptos del pasado, pero que sería inadmisible cuando se ocupe de los corruptos del presente, entre los que sobresalen no pocos (y la lista crece exponencialmente) morenistas y sus aliados de la Nueva Mafia del Poder, que es la suma de esa misma con los morenos. Conste que las denuncias y acusaciones las hicieron ellos mismos.

Y sospecho, ya les dije que sospecho de todo, que empiezan a mostrar el cobre, porque si de penalizar las libertades y prohibir los derechos se trata, en mis tiempos a eso se le llamaba fascismo; no sé ahora. Capaz de que también lo santifican y lo incorporan a su declaración de principios.