Disculpen las molestias de una detención arbitraria

Un día después de que la indignación social y la movilización ciudadana lograran la liberación de la abogada y defensora de derechos humanos Celia García Valdivieso, el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos salió públicamente a fijar una postura que, lejos de garantizar justicia, enciende las alarmas sobre el criterio que rige a la seguridad pública en la capital potosina.

A través de declaraciones emitidas a diversos medios de comunicación, el presidente municipal ofreció una disculpa pública y reconoció fallas en la actuación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal. Sin embargo, en el mismo acto, el edil recurrió a una narrativa que justifica, demerita y tergiversa la gravedad de las violaciones cometidas por sus elementos, reduciendo una privación ilegal de la libertad y una incomunicación en los Juzgados Cívicos a un simple "lamentable malentendido" de fin de semana.

La postura asumida por Galindo Ceballos evidencia una brecha alarmante entre su retórica de una administración respetuosa y la realidad operativa de sus policías.

Como jefe máximo y comandante superior de la estructura policial de la capital, el alcalde demostró que él mismo debe encabezar la lista de funcionarios urgentemente obligados a capacitarse en materia de derechos humanos y control constitucional.

Al justificar el abordaje inicial al joven que detonó el conflicto bajo el argumento de que "había reportes en la zona" y que el ciudadano "se hizo más de sospecha y tuvo una actitud de poca cooperación", Galindo valida prácticas de control preventivo basadas en la mera subjetividad policial.

Este criterio contradice de forma flagrante las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que prohíben taxativamente las revisiones basadas en el "nerviosismo" o la "sospecha", por violar el derecho a la presunción de inocencia y al libre tránsito.

Si la cabeza de la corporación desconoce los límites constitucionales de la actuación policial, el mensaje implícito para el corpus policiaco en las calles es de absoluta permisividad, dejando la puerta abierta para que estas violaciones perseveren y se normalicen contra cualquier ciudadano.

Otra de las anomalías graves en el discurso del alcalde fue el señalamiento de que los agentes "desconocieron a la abogada, que no era su abogada, pero ahí actuó en defensa de él". Con esta frase, la autoridad municipal pretende imponer un formalismo burocrático inexistente en la vía pública para descalificar la legítima observación y defensa ciudadana.

Bajo los estándares internacionales, la defensa de los derechos humanos no requiere de un contrato de representación legal previo para ser válida frente a un abuso de autoridad en flagrancia. Calificar como "alteración del orden" la exigencia de legalidad de la maestra Celia García es una muestra de la criminalización latente hacia quienes ejercen la fiscalización social.

El alcalde potosino intentó atenuar la violencia del arresto argumentando que los policías "en el calor de una intervención, no traen toda la película, no la conocían". Esta justificación resulta inaceptable bajo una perspectiva de derechos humanos: el respeto a la integridad física y jurídica de las personas es una obligación universal de la policía; no es un privilegio que dependa de si los agentes "conocen" o no la estatura pública y la trayectoria de la persona retenida.

Finalmente, la afirmación presidencial de que "fue un mal domingo para todos; de ahí no pasó", demerita el impacto del abuso y busca sepultar el hecho de que la defensora permaneció incomunicada y sin asistencia legal dentro de un Juzgado Cívico que fue utilizado de manera facciosa como espacio de retención arbitraria.

Aunque el Ayuntamiento busque encauzar la crisis mediante disculpas mediáticas y mesas de diálogo institucional con sus funcionarios, la gravedad de los hechos exige que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y los órganos fiscalizadores actúen de inmediato.

Aunque la actual presidenta deja mucho que desear. La disculpa sin sanción a los mandos operativos y sin una verdadera reforma interna en el criterio del propio alcalde solo sirve como una estrategia de relaciones públicas para contener el costo político, manteniendo intacto el riesgo para la ciudadanía potosina.