Dirección correcta

Una dirección correcta para normar la Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, en México es dotar de autonomía a las instituciones públicas con tal vocación.

Cualquier dictamen en ese sentido, de cualquiera de las comisiones legislativas, es mas que bienvenido; no sobra decir que, en complemento, lo mismo es en relación a cualquier dictamen que favorezca políticas públicas para la inserción de la inversión privada en la cadena de valor del conocimiento mexicano.

Así lo es el aval de la comisión de CTI en la Cámara de Diputado del H. Congreso de la Unión, en su décima reunión ordinaria, para ampliar los márgenes de autonomía en los Centros Públicos de Investigación, CPIs, que son coordinados por CONACYT.

La ruta aun es larga, el dictamen debe recorrer el proceso para ser decreto y aun están latentes las iniciativas de reforma para Ley de CyT; que, de darse, podrían dejar sin efecto el dictamen aprobado en esa décima reunión ordinaria.

La ruta procesal para que tal dictamen llegue a términos normativos puede provocar modificaciones al texto aprobado en éste; se debe ser prudente hasta conocer con exactitud los alcances del decreto.

Tal hecho debe resaltarse porque diversos colegas ya echaban campanas al aire.

La comunidad en CTI debe seguir atenta para que no haya retrocesos en los avances por pequeños que sean.

Dicho lo anterior, este espacio hacer notar que la iniciativa del Dip. Juan C. Romero Hicks, misma que resultó en el dictamen votado durante la reunión citada arriba, está en la dirección correcta: La CTI requiere tiempos y políticas públicas sostenidas para ofrecer soluciones a las necesidades de nuestro país y generar beneficios a la sociedad como es mandato en el párrafo quinto del artículo tercero constitucional.

La CTI no debe depender de tiempos político-electorales.

Es menester advertir que los miembros de todas las bancadas presentes en la Comisión de CTI votaron a favor; iniciativas como ésta y la unanimidad de la comisión para votar ese dictamen es la mejor noticia.

Un avance sencillo y de alcances acotados, pero da luz de aliento ante un sexenio plagado de aberraciones y disparates, de inoperatividad e inejercicio, tanto presupuestal como de servicio público.

Situación reflejada, por lo menos, en convocatorias de fechas incumplidas con ministraciones retardadas sin razón alguna y tres modificaciones reglamentarias a uno de los programas de mayor valor agregado en la CTI mexicana (dados los salarios incompetitivos internacionalmente –me refiero al SNI-).

Tan malo es el servicio público en CONACYT que, si se concede audiencia, luego de mucho batallar, las personas son atendidas en la puerta, no se les permite el acceso aun cuando ese consejo es ente pública.

Insistir por llamadas telefónicas o correos electrónicos es historia de no acabar por la falta de respuestas en CONACYT, son contadísimas excepciones las personas de la administración actual que, en su servicio público, prestan una atención oportuna y atenta a quienes son usuarios de tales servicios; cabe decir que tal situación no es provocada por personas operativas sino por las directivas que imponen esa conducta.

La falta de servicio público se da en diversos niveles, como por ejemplo cuando directivos de CPIs se han contagiados de la epidemia por inaugurar edificios que ya estaban construidos lustros atrás; es el caso de una desangelada inauguración dentro de un centro en la ciudad tunera.

El director general, con minúsculas, inauguró un edificio que ya estaba construido lustros atrás, que estaba en operación cuando tomó posesión a su nombramiento; fue evento un vacío, pero con rostros de orgullo acompañados de pocas y penosas comparsas académicas.

Para cerrar, es de celebrar que en cualquiera de las cámaras legislativas existan iniciativas como la votada en la décima sesión ordinaria de la Comisión de CTI en la Cámara de Diputados, aunque el proceso sea largo, y es preocupante que la administración federal actual, en todos sus niveles, sea lastimera.