Desaparición forzada de personas. Ausencias que matan

Una de las experiencias más dolorosas que podemos llegar a vivir es la desaparición de un ser querido en circunstancias misteriosas. Enfrentar de golpe la brutal noticia de que una hija, hermano, esposa o padre simplemente ya no regresó a casa y sufrir el tormento de no saber qué ocurrió,  quién se los llevó y por qué. Es como vivir en el infierno.

Me refiero a la desaparición forzada de personas, fenómeno que en los últimos años se ha convertido en uno de los crímenes más crueles y que en San Luis Potosí desafortunadamente alcanza cifras alarmantes.

Se consideran víctimas de una desaparición forzada tanto la persona desaparecida como su familia. Por tanto se reconoce el derecho de los familiares a conocer la verdad sobre las circunstancias de su desaparición, la evolución y resultados de las investigaciones y la suerte de la persona que se ha esfumado. Derechos que en la mayoría de los casos son burlados por la autoridad.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reporta que hasta enero de 2018 se contabilizaban un total de 35,417 personas desaparecidas en México y el problema seguía creciendo.

En nuestro estado en medio de contradicciones, ocultamientos y maquillaje de cifras  se acepta por parte de la autoridad que la desaparición de personas existe. La Fiscalía General del estado admite que  en 2017 se denunció la desaparición de 502 personas (263 mujeres y 239 varones), de las cuales 132 continúan sin ser localizadas.

Tan solo en el mes de julio de 2018 se reconoce que 32 personas desaparecieron sin dejar rastro alguno. La ciudad capital y los municipios de Valles y Matehuala son los que más casos de desaparecidos reportan. Otros municipios donde también se registran desapariciones son Tampamolón, Soledad de Graciano Sánchez, Tamuín, Tamazunchale, Villa Juárez, Ciudad Fernández, Villa de la Paz, Salinas y Rioverde.

La mayor parte de las personas que se reportan como desaparecidas y no localizadas en San Luis Potosí son jóvenes, muchas de ellas mujeres.

La explicación que los funcionarios encargados de estos temas dan acerca de las causas que originan la desgracia es que los jóvenes son la población más vulnerable porque andan en malos pasos o porque su estilo de vida los expone a sufrir un  “levantón” o secuestro. 

Por otro lado se ha comprobado que la guerra entre bandas del crimen organizado por el control de las plazas explica la mayor parte de los secuestros y levantones que ocurren. Los criminales utilizan la violencia extrema para imponer su ley y mantener el controlar de su territorio. Actúan en forma desalmada para arrebatar espacios a sus competidores y para realizar venganzas. El “ajuste de cuentas” contra miembros de cárteles enemigos incluye la desaparición forzada y esto aumenta la estadística de ejecuciones y desaparecidos.

La desaparición de personas también ocurre porque muchos ciudadanos que son extorsionados dejan de pagar la cuota que se les ha impuesto (derecho de piso) y entonces como desquite son secuestrados y utilizados para exigir rescate a sus familias. Lamentablemente muchas de estas víctimas ya no regresen con sus seres queridos. Son asesinados y por lo general enterrados en fosas clandestinas.

Es frecuente asimismo que por puro gusto algún sicario levante a una guapa jovencita para llevársela como pareja sentimental. Igualmente se ha llegado a comprobar que el secuestro de mujeres jóvenes se realiza como parte de la operación de trata de personas que es una de las ramas de los negocios que manejan las bandas del crimen organizado. Muchas de estas damas pasan por desaparecidas porque jamás vuelven con sus familias ya que literalmente viven en cautiverio y son explotadas en el comercio sexual.

Para las familias que sufren la desaparición de un ser querido la respuesta de las autoridades es casi inexistente. Esto provoca un sentimiento de impotencia, frustración y rabia. Son los propios familiares los que con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil emprenden la búsqueda de los desaparecidos ya que lamentablemente las autoridades son omisas y solo simulan investigar. Por eso los ciudadanos no creen en las instituciones responsables de procurar e impartir justicia.

Defensores de derechos humanos, académicos y familiares de los desaparecidos opinan que mientras las autoridades propicien la impunidad y toleren la corrupción en los mandos policiacos habrá un campo fértil para que se sigan cometiendo desapariciones forzadas.

Irrita a la sociedad comprobar la ineficiencia de las autoridades responsables de brindar seguridad a los ciudadanos. Estas fallas hacen pensar en un gobierno con responsabilidades políticas por su falta de resultados y por el desgobierno que se vive en materia de seguridad pública.

No se podrá hablar de respeto y vigencia de los derechos humanos en San Luis Potosí mientras no se solucionen todos los casos de desaparición forzada de personas que han ocurrido. El gobierno estatal y en particular la Fiscalía General del estado tienen una deuda pendiente con la sociedad en esta tragedia que afecta a cientos de familias.

Las víctimas tienen derecho a saber qué pasó, dónde están sus seres queridos y a recibir justicia y reparación del daño.