Declaratoria pública

El pasado mes de Abril se reunieron algunas universidades públicas con algunas privadas y un centro público en las Jornadas de Reflexión sobre el Sistema en Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI; de dónde ha resultado una declaratoria pública.

La jornada incluyó 13 mesas de trabajo, 120 colegas y 17 instituciones.

Las universidades públicas siguientes firman la declaratoria: UAM, UNAM, U. de Guadalajara, UANL, UAQ y la U. Veracruzana

En la declaratoria también está la Ibero, ITESM y UVM.

El CINVESTAV fue el único Centro Público de Investigación, CPI; no sobra recordar que CIVESTAV no está coordinado por CONACYT.

Aunque sólo éstas son identificadas en la declaración resultante de las jornadas, la adhesión de la comunidad CTI es mayúscula.

Las declaratoria fue publicada la semana pasada, ha sido consensuada a partir de la reflexión y contiene 15 puntos que las instituciones consideran, esta columna también, deberían ser incluidos si se reforma la vigente Ley de Ciencia y Tecnología, LCyT.

Si bien los 15 puntos son relevantes, el numeral 6 atrajo mi atención, donde se pide eliminar cualquier forma de discriminación hacia profesionales de la CTI que laboren en instituciones privadas.

La entrelínea es clara, las instituciones declaran que los actos recientes de CONACYT, en específico del Sistema Nacional de Investigadores, son discriminatorios; sí, si son.

Otro es el 13 donde se menciona a los CPI; a pesar que no se conoce posición alguna de los directores de ningún CPI coordinado por CONACYT, ¿acaso les interesa mas su silla que la CTI?

Atrae la atención la actitud de los directores de CPIs que mudos e inertes siguen en sus sillas.

CONACYT ha destituido, bajo su arbitrio, a diversos directores de CPI, ha sido en uso de su atribución en las respectivas Juntas Directivas; pero, es expresión de intolerancia a las opiniones diferentes.

CONACYT también ha afirmado que se realizaron foros en busca de construir consensos hacia la reforma de la LCyT; pero entonces, ¿por qué instituciones de educación superior se ven en la necesidad de reunirse y publicar una declaratoria?

La pregunta se destaca al leer los 15 puntos en la declaratoria que cuentan con elementos contrarios a la iniciativa promovida desde CONACYT; como, por ejemplo, CONACYT propone sumisión a una agenda de estado y un órgano máximo que dicte la política pública en CTI, en antípoda el ánimo de la declaratoria va en la dirección de libertad y autonomía.

La entrelínea muestra falta de consenso, más distancia que acercamiento.

El punto 2 da sentido a esta interpretación pues las instituciones firmantes piden “Garantizar la participación amplia de la comunidad académica y de los sectores privado y social en los distintos niveles de planeación, formulación y coordinación de la política en CTI…”, escribieron.

Redes en favor de la CTI están promoviendo adhesión de la comunidad entorno a esta declaratoria con éxito, gran parte de la comunidad de CTI está inconforme y decepcionada con lo sucedido desde CONACYT.

La lectura desde Palacio Nacional podrá concluir que es acción electorera, ya que todo lo ven con ese cristal y parece es el único que tienen ahí.

Es un error, no se busca mantener privilegios, se pretende que la CTI sea uno de los motores, como en otros países, del progreso de México.

En contraste, CONACYT está promoviendo el “amiguismo”; sus cercanos obtienen proyectos cuantiosos ya para “estudios humanistas”, ya para investigar el universo profundo.

Lo criticable está en la asignación, es discrecional y no por convocatoria pública; es apoyo a proyectos de personas con una conocida relación de amistad, personal y filia política con la Directora de CONACYT.

Lo anterior mientras las convocatorias de CONACYT están detenidas, prácticamente congeladas, cuando las hay publican resultados con gran dilación y, además, o las ministraciones no llegan o los montos aprobados son inserviblemente ínfimos.

¿Se escuchará la voz de instituciones de educación superior o saldrán a las calles?