Cubrebocas o lo políticamente correcto

Es cierto que incomoda no decir lo políticamente correcto: que el acuerdo emitido por la secretaria de Salud, Mónica Rangel, a los 58 municipios, para hacer ‘obligatorio’ el uso de cubrebocas entre la población, es ilegal.

Pero el valor intrínseco del periodismo radica en publicar lo que está mal y en este caso, no se está diciendo que nadie use el cubrebocas, sino que subyace una decisión política del Ejecutivo para no cargar con los costos que implicaría hacerlo por ley.

Está claro que la posición del gobernador Juan Manuel Carreras López es la misma del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de no hacer coercitiva esta determinación que además no es política, sino científica, ya que a estas alturas se ha alcanzado un consenso sobre la utilidad de cubrirse nariz y boca en espacios cerrados y aun en los abiertos, donde circule mucha gente.

El problema radica en que a tiempos extraordinarios, no se están tomando decisiones extraordinarias. Que hayan pasado más de cuatro meses para emitir el oficio mencionado, habla de una política fallida en esta materia. Tantas veces se ha dicho que ya nada es igual que antes, pero quieren operar con medidas obsoletas que en nada ayudan a los colectivos sociales.

No es un secreto que la medida legal para el uso del cubrebocas y el comportamiento en general para afrontar la nueva normalidad provocada del Covid 19, cuenta con la simpatía de los ciudadanos. A quién le molestaría que le dijeran que ahora sí, o se pone el cubrebocas o podría haber consecuencias. La mayoría de los comentarios van en ese sentido: el apoyo a la autoridad y más allá, la exigencia a que actúe en ese sentido.

Solo que el universo de ciudadanos conscientes es poco, en comparación al grueso de la población. De tal suerte que un segmento no cree en el nuevo coronavirus, otro es indolente ante la situación, otro no le toma importancia y así sucesivamente, tenemos que no solo en San Luis Potosí, sino en el país, existen grupos poblacionales que no hacen caso a los llamados de la autoridad.

Ahí radica la importancia vital de tener una norma legal de avanzada, que deje la multa como último recurso, tal cual han propuesto los abogados que presentaron en días pasados, la iniciativa de ley para el uso del cubrebocas. A decir de Francisco Atala Dewey, quien ha dado la cara por el grupo de expertos que propusieron a los diputados legislar al respecto, las órdenes expedidas por el ayuntamiento capitalino y el propio Gobierno de Estado para usar cubrebocas, carecen de rigor legal. Por lo tanto, aunque quieran, no pueden obligar a los radicales a que usen el cubrebocas.

Este tema en lo particular es sumamente interesante en lo político, porque las autoridades piensan que puede resultar contraproducente para sus intereses y les da miedo actuar en consecuencia. Solo que, insistimos, el apoyo social es abrumador y más que perder puntos, los ganarían.

Lo que más llama la atención es que los diputados estén perdiendo su tiempo en propuestas que en este momento no sirven de nada. Si vemos las últimas propuestas de ley, de reformas, de puntos de acuerdo, etc., resulta que un bajísimo porcentaje está relacionado con el tema de salud y el Covid 19.

Luego entonces, ni las autoridades ejecutivas ni las legislativas, han entendido lo que aquí siempre hemos sostenido: que dejaron sola a la doctora Mónica Rangel Martínez en su lucha contra el virus, cuando hay tanto por hacer para generar políticas públicas que sobre todo, sirvan a las nuevas generaciones. En resumen, no ven hacia el futuro, sino la visión parece ser mucho más corta: las elecciones de 2021.