Cuarto Frente: ¿Cuánto del viejo poder sigue vivo en la UASLP?

La salida de Citlali Enriqueta Aranda Zermeño de la Secretaría General de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no puede leerse solamente como el relevo de una funcionaria en medio de una nueva crisis al interior de la Facultad. Hay detrás una historia más larga, una red de relaciones que viene de años atrás y una pregunta que la propia Universidad tendrá que responder si quiere cerrar de una vez un capítulo que parece empeñado en prolongarse: ¿cuánto del viejo poder universitario sigue vivo dentro de la UASLP?

Citlali no es una figura aislada dentro de esta historia. Es esposa de Juan Manuel Reynoso Sandoval, quien durante prácticamente todo el rectorado de Manuel Fermín Villar Rubio ocupó la Oficina del Abogado General de la Universidad y fue uno de los personajes con mayor peso dentro de aquella estructura. Reynoso llegó a ese cargo en 2012 y permaneció como representante jurídico de la institución hasta el cambio de rector en 2020, cuando Alejandro Zermeño asumió la Rectoría y realizó el relevo en esa posición.

Su paso por la Universidad tampoco estuvo exento de polémica. En 2019, cuando se hicieron públicos los salarios de los funcionarios de la UASLP, Reynoso apareció entre los servidores universitarios con mayores percepciones, con un ingreso mensual cercano a los 131 mil pesos, dentro de un grupo de funcionarios que superaban incluso la percepción del presidente de la República de aquel momento. La discusión entonces no era menor: ocurría en plena discusión nacional sobre austeridad, mientras dentro de una institución pública autónoma se cuestionaban los altos ingresos de sus principales funcionarios.

La historia tomó otro giro después del relevo de Rectoría. Reynoso dejó la Oficina del Abogado General, solicitó su jubilación y posteriormente terminó enfrentado jurídicamente con la institución que durante años había representado. La Universidad modificó el monto de su pensión y realizó descuentos que atribuyó a pagos indebidos; Reynoso acudió a los tribunales para reclamar que se respetaran las condiciones bajo las cuales le había sido aprobada su jubilación. Ganó el juicio y la resolución terminó firme después de que el recurso promovido por la propia Universidad fuera desechado. El asunto, de acuerdo con lo reportado entonces, involucró alrededor de dos millones de pesos.

La paradoja es difícil de ignorar: quien durante años fue el abogado de la Universidad terminó litigando contra ella y obtuvo una resolución favorable.

No hay en ello, por sí mismo, materia para descalificar un derecho laboral ni para convertir una resolución judicial en una acusación. Pero sí existe un antecedente que forma parte de la historia reciente de la UASLP y que ayuda a entender por qué el nombre de Reynoso vuelve inevitablemente a aparecer cuando se habla de las estructuras de poder que han atravesado a la institución.

Y es justamente ahí donde la presencia de Citlali adquiere otra dimensión. No porque su vínculo familiar determine por sí mismo su trayectoria profesional, ni porque pueda afirmarse sin pruebas que su permanencia dentro de la Universidad obedeciera exclusivamente a esa relación. Pero tampoco puede borrarse de la historia el hecho de que la actual crisis ocurre alrededor de una funcionaria que es esposa de uno de los personajes que tuvo una posición relevante en la Universidad durante años y cuya salida del aparato institucional no significó, al menos en términos personales y familiares, la desaparición de todos los vínculos con la vida universitaria.

Citlali, además, no llegó a la Facultad de Derecho sin antecedentes propios. Su nombre ya había aparecido en la vida pública de San Luis Potosí desde años atrás, incluso como candidata suplente a síndica en una fórmula electoral en 2009. Con el tiempo desarrolló una trayectoria dentro de la Universidad hasta ocupar la Secretaría General de la Facultad de Derecho, una posición que la colocó nuevamente en el centro de las disputas internas que desde hace meses mantienen confrontada a la comunidad.

Por eso resulta insuficiente explicar lo ocurrido esta semana únicamente desde la protesta estudiantil. La movilización puede haber sido el detonante inmediato, pero la tensión en Derecho viene de mucho antes. Hace casi un año, la agresión sexual contra una estudiante provocó una de las mayores crisis recientes de la Facultad, derivó en la renovación de su Dirección y abrió paso a la llegada de Georgina González Cázares como la primera mujer al frente de la institución. Desde entonces, lejos de desaparecer, las diferencias entre grupos se han profundizado.

En los últimos meses se han acumulado denuncias de docentes, señalamientos de violencia institucional, acusaciones de hostigamiento y estigmatización, disputas por decisiones académicas y enfrentamientos entre grupos de estudiantes y profesores. El caso de la catedrática Carla Monroy Ojeda es particularmente significativo porque, después de que el Consejo Técnico Consultivo determinara separarla temporalmente de prácticamente todas sus actividades académicas, la profesora recurrió a los tribunales y obtuvo primero una suspensión provisional y posteriormente una definitiva contra esas medidas.

Ahora, con las manifestaciones de esta semana y la presunta salida de Citlali, la Facultad vuelve a encontrarse frente al mismo problema de fondo: no solamente quién ocupa un cargo, sino qué grupo tiene capacidad para influir en las decisiones y cuánto de las viejas estructuras permanece dentro de una Universidad que ha cambiado de rector, de directores y de funcionarios, pero que no necesariamente ha conseguido desprenderse de todas sus inercias.

La manta colocada este miércoles en la entrada de Derecho lo resume desde la lógica de quienes protestan: “Si a ellas les quitan el puesto por nada. A ellos que les quiten todo por todo”. Es una consigna, desde luego, y como tal pertenece a quienes la colocaron. Pero también refleja el nivel de desconfianza que existe entre sectores de la comunidad universitaria respecto de la manera en que se toman decisiones, se sanciona, se conserva a funcionarios y se distribuyen los espacios de poder.

La Sociedad de Alumnos, por su parte, salió a marcar distancia de una confrontación entre grupos y sostuvo que respetará la pluralidad y la libertad de cada integrante para decidir a qué grupo pertenecer o con cuál simpatizar. El mensaje también es revelador: la disputa ya no puede esconderse detrás de la apariencia de una comunidad universitaria homogénea. Hay grupos, hay posiciones encontradas y hay una lucha evidente por definir el rumbo de una Facultad que desde hace tiempo dejó de tener solamente un problema administrativo.

Por eso, más allá de si Citlali se va, permanece o si finalmente la Universidad confirma oficialmente su salida, lo verdaderamente importante será saber qué ocurre después. Si la decisión representa un cambio de fondo, tendría que traducirse en reglas más claras, decisiones transparentes y una conducción capaz de romper con las prácticas que han alimentado durante años la percepción de que determinados grupos tienen privilegios o capacidad de permanencia.

Cambiar a una persona no necesariamente significa cambiar una estructura. Y ahí está precisamente el punto que la UASLP no debería eludir.

La Universidad ha atravesado distintos rectorados, ha cambiado funcionarios y ha enfrentado crisis que han obligado a modificar equilibrios internos. Sin embargo, algunos nombres, relaciones y grupos siguen apareciendo una y otra vez en las historias que rodean a sus espacios de mayor conflicto. El caso de Juan Manuel Reynoso y ahora el de Citlali forman parte de esa memoria reciente, no como una condena automática, sino como un antecedente que resulta imposible ignorar cuando se intenta entender lo que está ocurriendo hoy en la Facultad de Derecho.

El verdadero cambio llegará cuando dejen de determinar, por encima de las personas y de los cargos, las viejas relaciones de poder que durante años han marcado la vida interna de la institución.