CTI y datos personales

Esta columna sostiene que la Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, es un elemento de la industria del conocimiento que trae beneficios; de hecho, de la economía del conocimiento.

Los productos de la CTI resuelven necesidades, generan beneficios socio-económicos e incluso medioambientales; hay ejemplos claros en energía, salud, ecosistemas, sistemas de producción y mucho mas.

Las soluciones desde la CTI deben ser vistas y desarrolladas, incluso normadas, con una perspectiva holística; cosa que no es sencilla.

Un ejemplo está en la necesidad de seguridad pública, donde se recurre a la tecnología en telecomunicaciones, inteligencia artificial, cómputo y procesamiento de imágenes o cifras, entre otras, para proveer de elementos de seguridad o trazabilidad a personas y finanzas a fin de detectar o combatir ilícitos.

Sin embargo, algo muy frecuente es perder de vista que los datos personales tienen diferentes grados de sensibilidad; como los de preferencia política y sexual, como el rosto, la marcha y la voz, que son sensibles en medida distinta.

La protección del uso de datos personales en posesión de terceros es algo que, con lamentable alta frecuencia, se pierde de vista al legislar y desarrollar aplicativos computacionales e instalar dispositivos como cámaras de seguridad pública (en México hay C4 y C5).

Hay leyes al respecto de la protección de datos, lucen como entes aislados, ignorados entre sí.

¿Cómo se garantiza que la información, sobre todo los datos personales sensibles, son manejados sin perjuicio de las personas que no delinquen?

Esta clase de preguntas tiene sentido cuando, por ejemplo, en alcaldías de la CDMX se da a conocer la instalación masiva de cámaras acopladas a aplicativos de teléfonos móviles; ¿cómo se garantiza que no habrá trucos (conocidos como hackeo) en los aplicativos que permitan intervenir los teléfonos de las personas que usan ese sistema para su seguridad?

Hay casos muy sonados donde se usan conversaciones, obviamente sin consentimiento, para hacer pública evidencia de delitos.

Algún beneficio social hay si los delitos se combaten, es discutible, pero ¿cómo puede usted, que no delinque, asegurar que su voz no ha sido grabada de la misma manera?

Otro riesgo es que los descuidos y huecos legislativos, por falta de visión holística, de los productos de la CTI sean usados para cometer delitos.

Los datos biométricos en la legislación aprobada relativa a telefonía celular pueden ser usados por delincuentes para robo de identidad.

No olvidemos que se han filtrado bases de datos del INE al mercado negro, que la red social en Facebook tuvo una fuga reciente de millones de perfiles, ¿qué autoridad ha garantizado que esos datos personales están seguros y quién garantiza a usuarios de aplicativos y redes sociales que no volverá a suceder?

O ¿quién es la víctima, los usuarios quienes dieron consentimiento a la posesión de sus fotografías, textos y demás (según sea el tipo de red social)?

El punto es que, sin un análisis integral puede salir, como decimos en México, mas caro el caldo que las albóndigas cuando se legisla sobre uso de productos CTI sin consultar a profesionales de ésta.

Sólo el análisis de procesos y seguridad de datos personales en posesión de instancias públicas o privadas merece que expertos en este tema sean convocados para tomar decisiones correctas.

Ante la fragilidad en el manejo por terceros de datos personales –los sensibles y no sensibles- hay iniciativas privadas con aplicativos para comunicaciones seguras; no obstante, las preguntas anteriores prevalecen cuando se trata de leyes, si les concebimos como reglas y normas sociales de protección y conducta de las personas.

La ley que obliga en México a usuarios de telefonía móvil que den sus datos biométricos, so pena de multas y sanciones, pone en riesgo la seguridad de los usuarios mismos que busca cuidar y proteger.

El mismo intento fracasó hace poco, eso es forma y no fondo; una sociedad avanzada usa a la CTI de manera holística.