Indicador Político

Por Carlos Ramírez

Como nunca en los últimos 50 años, la política doméstica y específicamente electoral mexicana se ha convertido hoy un tema de prioridad de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos.

El presidente Ronald Reagan y todo su bloque radical de ultraderecha buscaron influir en las elecciones intermedias mexicanas de 1985 para impulsar una alternancia a favor de su agenda de seguridad nacional: la alianza inducida por Washington entre el PAN, los empresarios y la iglesia católica conservadora bajo las directrices operativas del entonces embajador John Gavin en funciones también de jefe formal de la estación de la CIA en México.

La temática de esa alianza fue muy precisa: la derrota de todo el sector progresista internacional, el freno al avance de la Unión Soviética en América Latina, la lucha contra los primeros cárteles del narcotráfico, el debilitamiento del sector progresista del PRI y los planes estadounidenses de una mayor consolidación de la economía transnacional.

Este escenario de 1982 a 1985, hace poco más de 41 años, se está reproduciendo en la estrategia de la Casa Blanca de Donald Trump para cerrarle las puertas a Rusia, China e Irán en América Latina. La segunda presidencia de Trump está muy a la vista: el Departamento de Estado, la CIA, la DEA, el Departamento de Comercio, la oficina de asuntos continentales del Consejo de Seguridad Nacional y Migración en pocos meses han cambiado la correlación de fuerzas políticas en América Latina y el Caribe y hoy sólo sobreviven —y arrinconados— México y Brasil, porque Cuba y Nicaragua ya no cuentan.

El entretejido de la agenda electoral mexicana con las prioridades de la estrategia antinarcóticos de la Casa Blanca se dejó ver con claridad en una decisión de bastante astuta de inteligencia política por sus efectos inmediatos, colaterales y terminales: el retiro de la visa estadounidense a Andy López Beltrán como el heredero del proyecto transexenal del presidente emérito López Obrador mostró la cola de la serpiente para utilizar el tema del narcotráfico como instrumento de presión sobre México.

El escenario estadounidense —cierto, interpretado, previsible— sobre las elecciones legislativas y de gobernadores de junio de 2027 ya articuló los intereses de recuperación del control del narcotráfico por parte de Estados Unidos y mandó mensajes de que los cárteles mexicanos ya no responderán a los grupos políticos dominantes en México.

Esta agenda electoral mexicano-estadounidense es la que dominará y determinará los márgenes de maniobra de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y también hará pasar la percepción estadounidense sobre López Obrador a la siguiente etapa: el modelo Sinaloa de articulación de intereses de cárteles del narco con gobernantes se ha convertido en una prioridad de Estados Unidos y Washington no quitara el dedo del renglón hasta procesar al dos veces gobernador Rubén Rocha Moya, hasta hoy protegido por Morena y por el bloque político de Palenque.

En 1985, la Casa Blanca desarrolló una estrategia para iniciar la alternancia mexicana hacia la Nueva Alianza PAN-empresarios-iglesia católica-Washington, pero el PRI neoliberal de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari tomaron el control político y económico de México para garantizarle a Estados Unidos la alianza de proyectos geopolíticos que el PRI populista de Echeverría y López Portillo habían impedido.

En aquel entonces, la percepción de Estados Unidos sobre México se limitaba al populismo geopolítico URSS-Cuba y al nacionalismo económico que estaba bloqueando la globalización comercial. A esos dos temas se ha agregado el que hoy es más prioritario: la alianza del neopopulismo con cárteles del narcotráfico. Cierta o sobreinterpretada, esta percepción es la que domina en la administración Trump priorizando las elecciones de julio de 2027 en México como parte de un juego de intervención geopolítica que ayudaría a la alianza —formal, real u oportunista— del PRI y del PAN como nueva alternancia.

Los últimos pronunciamientos del Departamento de Estado, de la DEA, de la oficina antinarcóticos de la Casa Blanca, sobre todo de la embajada de Estados Unidos en México y del czar quitavisas están en medio de una estrategia internacional para usar la diplomacia como instrumento de castigo. Y a ellos se agregan las decisiones estadounidenses para postergar una nueva etapa del Tratado, pero a sabiendas de que la economía de México pende de los hilos del comercio exterior.

Esta estrategia geopolítica de Estados Unidos en América Latina se planteó ya el objetivo de colaborar en la derrota electoral de Ignacio Lula da Silva en Brasil, cuyo primer efecto estaría en dejar aislado a México en relaciones internacionales. Y recordando a 1985, los espíritus de Reagan y Gavin están pululando en las urnas electorales mexicanas de 2027.

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