Crisis de seguridad por metas incumplidas de la ENSP-PND

El debate en torno a la reforma militar para ampliar cuatro años más las actividades de las Fuerzas Armadas regulares en labores de apoyo a la seguridad pública y las filtraciones de Guacamaya marcaron una prioridad incumplida de Estado: la reorganización del marco jurídico, estratégico y operativo del aparato de seguridad integral de la República.

Los servicios estratégicos de inteligencia de Estados Unidos han sido muy hábiles para aprovechar conflictos agresivos en su contra para responder con reformas que ajusten el marco operativo legal e ilegal de sus actividades de seguridad nacional. Ante los ataques terroristas del 9/11 de 2001, la Casa Blanca reaccionó con las leyes patrióticas y la centralización de la comunidad de inteligencia y sus 17 oficinas de espionaje bajo la autoridad del nuevo director de Inteligencia Nacional.

Los recientes debates legislativos y las agresiones que violaron los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional plantearon el desafío más agresivo contra el Estado: asumir que el Estado no es una instancia positiva, sino que tiene la obligación de ejercer su poder para garantizar su existencia ante poderes políticos, geopolíticos y criminales que quieren desplazarlo de su papel como instancia básica de la República.

En los hechos, el gobierno federal a cargo ahora de las actividades del Estado no tendría que revolucionar las instituciones, sino tan solo hacer realidad lo que prometió al iniciar el sexenio y ejercer las propuestas que ya fueron aprobadas en el Congreso como parte de la seguridad del Estado. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública que se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo ha dejado sin cumplimiento varios puntos que implican un reforzamiento de la seguridad del Estado:

1.- El Programa para la Seguridad Nacional.

2.- La reactivación del Consejo de Seguridad Nacional.

3.- El establecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia.

4.- Fortalecer y mantener la seguridad interior.

5.- Promover el concepto de cultura de seguridad nacional.

6.- Mejorar las capacidades tecnológicas de la seguridad pública y la seguridad interior y en la generación de inteligencia estratégica.

7.- Y el documento único de identificación nacional biometrizado.

En realidad, no son propuestas nuevas que requieran discusión o aprobación legal en el Congreso, sino que formaron parte del rediseño de la estrategia de seguridad pública del nuevo gobierno, pero en el escenario de los dos universos que configuraban una política integral: la seguridad nacional y la paz.

El gobierno federal se ha desgastado en la aprobación de una reforma al Quinto Transitorio constitucional solo para extender la autorización para que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública bajo controles y regulaciones específicas, pero en el escenario realista gubernamental de que hasta la fecha las Fuerzas Armadas y hasta la propia Guardia Nacional carecen de instrucciones operativas para combatir el crimen organizado y toda su labor se circunscribe a una táctica de disuasión presencial.

Un punto clave es el Sistema Nacional de Inteligencia que cruzaría por dos dimensiones: la horizontal que concentrará toda la información de las actuales dependencias federales que tienen labores de inteligencia para sus propias actividades naturales y la vertical que debería atravesar a las oficinas e instancias de seguridad estatales y municipales que tienen –aunque sin funcionar– oficinas de acopio de información sin técnicas de procesamiento para convertirlas en información de inteligencia.

La actual administración federal ha operado las tres seguridades –pública interior y nacional— sin un marco legal y operativo porque carece de lo prometido: el Programa para la Seguridad Nacional, aunque en términos de utilización se siguen manejando conceptos y funciones que definió el presidente Enrique Peña Nieto en su Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018.

Asimismo, urge el cumplimiento del compromiso de mejorar capacidades tecnológicas de investigación científica y generación de inteligencia estratégica, porque las actuales oficinas de inteligencia carecen de reglamentos, capacitación de sus funcionarios y articulación a las políticas de seguridad nacional del Estado ante los acosos extranjeros por la reorientación y nueva reorganización de los objetivos geopolíticos de las grandes potencias.

Hasta ahora, todo se ha reducido a militares aliados en la Guardia, aunque resistiendo agresiones delictivas y sociales en las calles.