Sin mucho ruido
El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud de Guanajuato reveló que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos del estado no registró la recepción de donaciones, valuadas en más de 13 millones de pesos, realizadas por ONGs y diversas empresas en insumos destinados a combatir la pandemia de COVID-19.
La auditoría No. 11/21 de la Secretaría de la Función Pública determinó que el InDRE, no realizó el registro contable correspondiente de los 138,869 insumos donados por organismos como la Organización Mundial de la Salud, el INSABI, la Fundación Carlos Slim, la Organización Panamericana de la Salud y los Laboratorios Silanes, los cuales fueron recibidos entre marzo y diciembre de 2020.
“De la revisión y análisis a la documentación proporcionada al OIC de la SSA, se comprobó que el (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos) InDRE a cargo de Ricardo Cortés Alcalá recibió por donación 138,869 insumos (kit para la prueba de diagnóstico ING VITRO para la detección de SARS-CoV2 (COVID-19), XPERT SARS-CoV2, (COVID-19), AC RAPID TEST DEVICE, 25T_NCF para 25 pruebas, guantes, overoles, entre otras), de las cuales solo fue posible identificar el costo de 3,521 cuantificadas en su conjunto en 13 millones 102 440 pesos”, se lee en el documento cuyo cierre fue el 10 de septiembre de 2021.
Ese mismo año, en agosto del 2021, la recién nombrada como directora del hospital pediátrico infantil de León el pasado 19 de noviembre, Mariana Rodríguez López, constituyó ante notario público una empresa en sociedad con Ricardo Cortés Alcalá, que en aquel entonces fungía como Director General de Epidemiología en la Secretaría de Salud y que es hermano del Secretario de Salud de Guanajuato Gabriel Cortés Alcalá.
La empresa de nombre VAKSIN se dedica a la compra, venta de toda clase de productos medicinales, farmacéuticos, químicos, equipo médico, equipo y material de laboratorio para análisis clínicos, medios de contraste, reactivos, material de curación, insumos, materiales e instrumentos quirúrgicos, entre ellos, pruebas de Covid-19.
El nombramiento de Mariana Rodríguez como directora del hospital de pediatría del estado ha desencadenado toda clase de cuestionamientos de conflictos de interés, debido a que su hermano, Ricardo Cortés Alcalá, funcionario federal cercano a Hugo López-Gatell, quien fue subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y rostro clave durante la pandemia de COVID-19, podría haber influido en la designación de la doctora Rodríguez López, sin que esta sea pediatra.
Entre las normativas que el InDRE estaría violando al no registrar las donaciones se encuentran la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracción I, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 2 y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 182. ¿Tomará cartas en el asunto la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo?
Contribución entre sociedad, industria y alcaldía
La concientización sobre la correcta separación y disposición de los residuos plásticos es tarea de todos, en este sentido la cuarta edición del Eco-cambalache, un evento impulsado por la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) que preside Marlene Fragoso y que dirige Raúl Mendoza, será el 28 y 29 de noviembre en el parque Salesiano, alcaldía Miguel Hidalgo.
Esta iniciativa invita a los ciudadanos a participar en un intercambio sostenible: residuos plásticos por productos de la canasta básica, entre los materiales que pueden llevarse destacan botellas de agua, de bebidas azucaradas, envases de jabón, shampoo, acondicionador, limpiadores de piso, tapas de botellas y recipientes de alimentos, asimismo, deben estar limpios y sin residuos.
El propósito es fomentar el valor de los plásticos reciclables, promover su adecuada separación y crear conciencia sobre su correcta disposición.
SOS en compra estatal de vehículos
TOME NOTA*** La adquisición de vehículos pesados a nivel estatal ha encendido un serio foco de atención. Esta alerta se centra en el modelo de compra consolidada, cuya implementación genera dudas entre expertos de la industria.
Aunque este modelo promete eficiencia, el beneficio parece concentrarse en una única empresa, ubicada en el extranjero, lo que cuestiona el impacto real sobre el mercado y la economía local.
Además, las críticas subrayan que esta práctica va en contra de los 32 marcos regulatorios que deben respetarse en las contrataciones estatales, especialmente si el proceso carece de la transparencia adecuada.
Elegir a proveedores extranjeros desvía la derrama económica y afecta la inmediatez en servicios técnicos y de mantenimiento, algo que las empresas locales podrían ofrecer con mayor eficiencia y proximidad.
En lugar de fomentar una competencia justa y una proveeduría eficiente, esta modalidad de compra parece generar obstáculos logísticos y económicos, dejando abierta la duda sobre si realmente beneficia a las finanzas públicas o a los contribuyentes locales.