CONACYT excluyente e irreflexivo

Cada día se superan en Insurgentes Sur de la CDMX, en su haber una reunión con sus amigos en el legislativo para simular discusión, que de facto ha sido excluyente sobre quienes ocupan curules de la oposición; lo que descalifica el evento como comparecencia y refuerza el desdén al poder legislativo, por decir lo menos, desde una oficina del ejecutivo federal.

Opacidad y exclusión son características de la llamada cabeza de sector federal para la Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI; autodenominación que ha quedado grande.

La exclusión intencional y premeditada se refleja en diferentes actos, recordemos que CONACYT ha afectado a profesionales de la CTI que laboran en instituciones privadas, esto en relación a su membresía en el Sistema Nacional de Investigadores, SNI.

Además, los programas de posgrado en instituciones privadas han sido declarados sin prioridad nacional, con afectación, discriminatoria, a personas que con competencias, habilidades y aptitudes deseen continuar su formación, a nivel de posgrado, con temas dictados en tales instituciones, toda vez que tendrán menos probabilidad de recibir beca.

Las distintas expresiones de exclusión detallas arriba no omiten que en este sexenio se han emitido reglamentos diferentes para el SNI casi cada año, parece que 2022 no será excepción; lo que se suma a reiteradas decisiones y actos violatorios de ley, como esta columna lo ha detallado en entregas previas.

El hecho de cambiar cada año un reglamento es indubitable indicio de falta de reflexión, de profunda ignorancia y desconocimiento del sistema instalado en CTI a lo largo y ancho del país; así como usar al CONAMER, como pretexto de consulta, es ofensa displicente al intelecto.

Como pretensa claridad de ideas obtusas en visión y prospectiva, la verborrea oficialista en CONACYT sólo muestra limitaciones en el concepto de las políticas públicas en CTI para garantizar un crecimiento sostenible en el bienestar a partir de las soluciones que la CTI misma puede construir; es una contradicción esquizoide pues se erigen como retardadas pugnas de soberanía tecnológica que han sido sobrepasadas por mucho.

No habrá soberanía en CTI, aun en obsoleta concepción, con financiamiento por propuesta de investigación que asciende a 15mil USD anuales, con años de 10 meses y tan sólo 3 años de vigencia por proyecto; según ha sido publicado en la convocatoria que hace CONACYT para que profesionales de la CTI envíen sus propuestas de investigación científica.

Esas cifras son ridículas tanto como indicio, una vez mas, de la esquizoide y ausente de claridad en sus ideas.

Un hecho es que en el Mundo los esfuerzos actuales en CTI son multinacionales y multimillonarios, además de permitir la participación de la iniciativa privada; allá no la excluyen, acá sí.

Las agencias, no sobra decir que son autónomas de gobiernos centrales, rinden cuentas transparentes; por el contrario, CONACYT ha ido en antípoda de manera empecinada y obcecada durante los cuatro años recientes.

Así que sólo nos destina a la zaga, al seguimiento y dependencia del conocimiento y tecnología en opaco entorno, nada de soberanía, ni en lo obsoleto y ni en lo vigente.

Luego, la toma de decisiones desde CONACYT es excluyente, irreflexiva y retrógrada, ya que, si bien son tomadas sin dependencia de terceros países, no propician condiciones para que el Estado Mexicano garantice que la población reciba los beneficios de la CTI, como lo manda el artículo tercero constitucional.

Seguramente no habrán de corregir el rumbo en los dos años restantes de administración, no dan señales de ello.

Dudas son si seguirán violando la ley al ignorar al INAI en el tema del CIDE, si sostendrán su postura en cuanto al conflicto de intereses en nombramientos en el SNI, si solaparán plagios, si continuarán con actos discriminatorios violatorios de ley, etcétera.

Otra duda es si después de 2024 veremos denuncias formales que impliquen resoluciones de pena por actos como servidores públicos.