Clases sociales por televisión

Aunque es temprano para considerar si el ciclo escolar impulsado por el gobierno federal con apoyo de las televisoras privadas ha sido capaz de resolver las graves dificultades impuestas por la pandemia, un primer apunte encendería señales que podrían profundizar la desigualdad social entre los asistentes al modelo público y el privado.

En el caso de la educación pública, que atiende a prácticamente el 90 por ciento de la población, no contempló la endeble estructura de esos hogares en donde los jefes o, más bien, las jefas de familia no solamente tienen que atender en un ambiente nacional de incertidumbre económica y aislamiento sanitario las necesidades de la casa, sino que desde ahí y mientras trabajan deben apoyar el aprendizaje de sus hijos.

Otros tienen que delegar en familiares, vecinos o, de plano, en la soledad y el encierro, la opción que se abrió para atender el tema educativo.

Lo que no es fácil porque mientras hay más hijos, las dificultades crecen al igual que el estrés (que es muy claro que no es “un tema de pequeñoburgueses” como califica el presidente de la República) sino que tiende a convertirse en un factor de violencia familiar.

El esfuerzo por la educación tiende a convertirse en una imagen bucólica y no en un compromiso por resolver la desigualdad social.

Alejada de la realidad, se trata de mostrar como logró el esfuerzo de muchas familias por aprovechar el esquema disponible de la educación en donde vemos, cada vez con más frecuencia puestos callejeros de alimentos y de venta de otro tipo de bienes, en donde las madres y padres hacen lo imposible para que sus niños traten de seguir las clases por televisión o, en menor proporción, las retransmisiones grabadas en tabletas.

No se consideró que alrededor del 60 por ciento de la economía mexicana se basa en la informalidad, lo que la realidad tiende a mostrarnos con más frecuencia que la calle y los anafres tienden a sustituir a los salones de clase.

Pero también, en las zonas populares se empiezan a ver grupos de niños entre 11 y 16 años que forman grupos que no son necesariamente de estudio sino de conversación o juego, mientras sus padres regresan a casa.

El riesgo para la salud, el desarrollo, la integridad y la seguridad de las familias tiende a ser muy elevado.

No hay condiciones efectivas para reabrir las escuelas ni reanudar a plenitud los servicios sanitarios y sociales lo que, para quienes subsisten en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, constituye un grave problema.

Por lo que se refiere al tema educativo, y muy a pesar del programa gubernamental para el regreso a clases en línea, se estableció un peligroso factor de desigualdad porque en las escuelas privadas se mantiene un registro cotidiano y riguroso tanto de la asistencia como del aprendizaje por parte del profesorado que, además, conserva comunicación cercana con los padres de familia.

En el caso de las escuelas públicas es lo contrario y con contenidos desordenados o endebles. El proceso cognitivo fue delegado a los padres de familia, con el agravante de que los maestros no solamente fueron marginados de su papel como guías, sino que los centros educativos permanecen cerrados, salvo en algunos casos excepcionales en donde algunos docenes brindan asesoría, pero de manera prácticamente clandestina.

Hay que reconocer que la Secretaría de Educación Pública instaló un teléfono de asesoría gratuita educativa y psicológica, con acceso desde cualquier lugar del país, pero el esfuerzo se anula porque la respuesta es más difícil que la que se puede obtener con cualquier banco o prestador de servicios y cuando se logra la comunicación el servicio resulta simplemente inoperante por la nueva espera o se corta.

La educación, como factor esencial para cualquier país, en el caso del ofrecido por el gobierno federal no contempló información básica o un diagnóstico sobre la situación de las familias durante y a causa de las consecuencias del confinamiento impuesto por la pandemia.

El desdén a las organizaciones de la sociedad civil pudo superar errores y estructurar, mediante encuestas, un plan de gobierno capaz de respaldar a los niños y sus familias (generalmente en la informalidad) con programas de estímulos fiscales integradores a la economía, con apoyo al desarrollo cognitivo y socioemocional de los infantes y de sus cuidadores, así como un programa de prevención y salud en tanto se alcanza una vacuna y un método para enfrentar los efectos del COVID-19.

Nuevamente, como en muchos otros, en este tema esencial para mejorar las condiciones de bienestar e igualdad social, falló la planeación pero no la profundización de las diferencias entre los diversos segmentos de la sociedad.

A ver, con que salen el 8 de septiembre en el Paquete Económico.

@lusacevedop