Cielos bajo sospecha

El rescate de 26 mujeres víctimas de trata de personas, ocurrido en mayo pasado en Cancún, Quintana Roo, volvió a colocar bajo el reflector la seguridad aérea, los mecanismos de control y los flujos del crimen organizado. Las rutas que conectan al Caribe, Sudamérica y México se han convertido en una zona gris que expone la fragilidad de las puertas de entrada y salida del sureste mexicano frente a los flujos irregulares de personas y mercancías.

El tema cobra relevancia porque los aeropuertos de esta región están bajo la administración del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), que opera nueve de las terminales aéreas más rentables del país, entre ellas Cozumel, Cancún y Oaxaca. Fernando Chico Pardo, presidente del consejo de esta firma, es una figura central en el sector, al frente de una concesión que hoy exige mayor supervisión. 

No es para menos. Se trata de vuelos que arriban a México desde Sudamérica y el Caribe, los cuales, por disposición oficial, deben hacer escala en Cozumel antes de continuar hacia Cancún o hacia otros aeropuertos del país. Esta condición convierte a las terminales de ASUR en puntos vulnerables a los riesgos del tráfico de personas y productos ilegales.

Mientras tanto,la salida del general Miguel Enrique Vallín Osuna de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) a finales de septiembre pasado, reavivó las dudas sobre la eficacia institucional en el control del espacio aéreo. Su relevo se dio tras múltiples cuestionamientos por presunta corrupción e irregularidades.

Dicho movimiento confirma que la vigilancia del tráfico aéreo se ha convertido en un punto crítico para el Estado mexicano. Y con toda razón. Conocedores del sector aeronáutico aseguran que el incremento en los vuelos privados y chárter en destinos como Cancún y Cozumel coincide con la expansión de redes que aprovechan los huecos regulatorios. 

Por si fuera poco, fuentes migratorias y de seguridad afirman haber detectado casos de personas que ingresan al país utilizando visados Schengen falsos, empleados para ingresar vía Cancún o a la Ciudad de México, evitando aerolíneas estadounidenses. 

El presidente de ASUR, junto con el director general Adolfo Castro Rivas y los encargados regionales de Cancún, Carlos Trueba Coll; Cozumel, Pablo Arjona; y Oaxaca, Jorge Carlos Campos, tienen en sus manos una responsabilidad que trasciende la operación diaria. Con el ojo vigilante de Estados Unidos, México no puede permitirse cielos bajo sospecha.

*** Competitividad en Tlaxcala

En el mercado, cada producto o servicio destinado al consumidor final debe cumplir con normas que aseguren su calidad, seguridad y sustentabilidad. Aquí cobran relevancia las 

jornadas de normas y acreditación, impulsadas por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) que preside Raúl Tornel, y dirigidas a empresarios, industriales y profesionales de sectores regulados para enfatizar sobre la importancia del cumplimiento de normas en productos y servicios. 

El encuentro más reciente fue en el estado de Tlaxcala, con Pedro Guarneros y Carlos Alberto Tamayo, presidentes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), y de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en la entidad respectivamente; así como Armando Montoya, director de Promoción y Certificación del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), implementado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). En conjunto fomentan una cultura del cumplimiento normativo y fortalecen la calidad de los productos y servicios en México.

*** Limpieza pendiente

TOME NOTA *** En el Estado de México, trabajadores de limpieza de distintos inmuebles del ISSSTE realizaron un paro de labores para exigir el pago de sus salarios, retenidos desde el 15 de octubre por Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales, empresa que, junto con Retimar y Aseo Privado Institucional, forma parte de un grupo vinculado a José Juan Reyes Domínguez. 

El caso se suma a las denuncias presentadas por la Asociación Sindical de Obreros y Empleados del Mantenimiento, que ha señalado a este “cártel de la limpieza” como responsable de retener sueldos, incumplir pagos y evadir cuotas ante el IMSS, dirigido por Zoé Robledo, y el Infonavit, a cargo de Octavio Romero Oropeza. 

El daño al erario se calcula en más de 100 millones de pesos anuales, mientras alrededor de 14 mil trabajadores permanecen sin registro ante la seguridad social. Aun así, estas empresas acumulan contratos por 4 mil millones de pesos con dependencias como el IMSS Bienestar, el Instituto Politécnico Nacional y el Metrobús de la Ciudad de México.