Carrera entre ley y CTI

La Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, genera diversos productos; algunos de ellos adquiridos por particulares que les pueden desechar.

El cúmulo de desechos tecnológicos es un tema que cada vez más atrae la atención a regularles, principalmente por el alto impacto ambiental que llegan a tener.

Una visión miope se quedaría con que la CTI genera desechos propiciándose problemas más que soluciones; esto es así sólo si los tomadores de decisión son ignorantes de la CTI misma, ya que en ésta están las soluciones y de ahí se derivan normas y leyes.

La normatividad ambiental se encuentra en una carrera contra los productos tecnológicos de la CTI; carrera cuyos perdedores seremos quiénes habitamos La Tierra si es que no se actualizan las normas con mayor prontitud.

Para actualizar la norma es necesario tener claro al conocimiento generado por la CTI, enseguida ilustro mi punto.

Un ejemplo está en la iniciativa de la llamada Ley Biden, firmada hace unos pocos días por el presidente del vecino país, que busca garantizar el derecho de los usuarios de tecnología a reparar sus equipos.

No debemos olvidar que la obsolescencia de equipos móviles puede ser programada; de ahí se fuerza al consumidor a la adquisición de nuevos equipos y se propicia el desecho de los aparatos obsoletos o bien la reparación está monopolizada.

Garantizar por ley el derecho a la reparación de equipos con alta tecnología permite que cada usuario prolongue la vida útil del dispositivo y no lo deseche.

Pero no solo eso, es una iniciativa tomada con consejo de diversas áreas de conocimiento. 

De hecho, la iniciativa de Biden busca exigir a los grandes fabricantes de tecnología que pongan a disposición del mercado todos sus manuales de reparación, herramientas, componentes y piezas, así como un código de software patentado que permita determinar la función de cada componente a fin de satisfacer el derecho a reparar, reclamado por los usuarios.

Con ello también se abre una rama de actividad económica, como el caso los talleres de reparación vehicular, los cuales en conjunto con el mercado de refacciones automotrices cuenta con un porcentaje importante de ese sector económico.

Una legislación razonada propicia mas de un efecto, en este caso se atiende el derecho ciudadano a reparar, se propicia una reducción en los desechos tecnológicos y se abre mercado de refacciones, entrenamiento y atención por otros particulares a terceros usuarios de productos de la CTI.

Esa una genialidad, no, no lo es; sólo es conocimiento de la CTI vertido en norma, es contar con asesores que no sean ignorantes en CTI.

Como ésta, la normatividad puede ser de vanguardia o retaguardia; la diferenciación ocurre si se hacen leyes con apoyo en el conocimiento o no.

En contraste, ahora se ha anunciado desde Palacio Nacional que se buscará una reforma constitucional para energía eléctrica, ya que el intento de reforma de ley en esa materia ha demostrado ser inconstitucional (a pesar de estar congelada en el poder judicial, así lo es); acto seguido, Huey Tlatoani buscará reformar la constitución.

La directriz de dicha reforma normativa es cerrar el mercado a un solo proveedor, la CFE, y no solo la distribución sino también la generación, misma que, a la par, se busca sea impulsada por combustibles fósiles; esto a pesar de lo dicho en Tabasco sobre la generación hidroeléctrica, de impacto ambiental, aunque menor que la combustión de gasóleo y carbón mineral.

La iniciativa Biden sobre el derecho a reparar y la iniciativa sobre ley eléctrica de gobierno federal mexicano caminan en direcciones contrarias, pero también son antípodas en su construcción; la primera toma en cuenta el conocimiento multidisciplinario mientras la segunda luce como un capricho personal.

¿Qué habría dicho la otrora investigadora de la UNAM, ahora jefa de gobierno de la CDMX, si las razones hubieran sido expuestas?

La carrera entre normatividad y CTI debe ser ganada en favor de las personas y no exclusivamente por los votos.