Calle o parlamento o crisis del sistema/régimen/Estado

El tema no es nuevo: viene desde la crisis de 1968 cuando las instituciones del sistema/régimen/Estado dejaron de funcionar para garantizar la administración y la gestión de los asuntos públicos en la relación del Gobierno con la sociedad. La crisis de representación política de intermediación social hizo que los ciudadanos rebasarán las instituciones y salieran a la calle a gestionar sus demandas.

Una corriente ciudadana y de agrupaciones sociales organizó una marcha el domingo 13 de noviembre para protestar contra la reforma político-electoral el presidente López Obrador y plantear la inamovilidad del Instituto Nacional Electoral; como respuesta, el presidente López Obrador convocó a una movilización social de su partido y seguidores para pasado mañana domingo 27 de noviembre.

En medio de estas movilizaciones, el sistema/régimen/Estado está siendo rebasado por todos lados ante la imposibilidad de crear formas de gestión de las protestas sociales en las instancias legislativas que definen al sistema de toma de decisiones institucionales.

Pero el tema, pues, no es nuevo y tuvo una expresión muy importante en noviembre del 2003 cuando la sociedad salió a la calle para bloquear intentos de reforma el gobierno del presidente Vicente Fox como expresión de la alternancia después de 71 años de gobiernos priístas. La manifestación logró detener esas reformas, pero no pudo dar causa a nuevas formas de institucionalización de la participación social.

El entonces diputado opositor perredista y politólogo Manuel Camacho Solís escribió el 24 de noviembre de 2003 un artículo en el periódico El Universal para explicar con racionalidad el conflicto entre “calle y parlamento”, pero planteando el problema y desafío que presentaba a la gobernabilidad y a la gobernanza esa circunstancia en que la sociedad se separaba del Gobierno desde las instituciones de representación para defender derechos por la vía directa.

Ante la manifestación, Camacho escribió: “si el Parlamento procesa las demandas de la calle y las conduce de manera constructiva, la estabilidad política no sufrirá merma. Pero si el Congreso no logra procesar las demandas y la calle es objeto de provocaciones para mostrarla como instrumento de la desestabilización, la parálisis actual del Congreso podría derivar en una creciente rispidez entre las fuerzas políticas y la falta de comunicación con la calle en un incentivo para radicalizar la inconformidad social”.

Y agregó: “ya no es momento de especular. La calle, el Congreso y el Ejecutivo tienen que asumir su responsabilidad política. La calle debe mostrar que tiene fuerza, pero que a la vez tiene capacidad de autocontención(…;) el Congreso debe ser sensible ante la calle, sin que esto signifique que tenga que aceptar los dictados de la calle”.

Los escenarios del 2003 y 2022 tienen referentes parecidos: los dos gobiernos federales parten de una legitimidad democrática incontrastable, el primero por la alternancia después de 71 años de gobiernos priistas y el segundo por una votación de 53% en las presidenciales de 2018 que no se había visto desde 1982; los dos, sin embargo, han gestionado decisiones políticas y de poder que no han partido de su base de legitimidad política y sean asentado en decisiones verticalistas y piramidales, en medio de una crisis de funcionalidad de los partidos políticos que no representan a la actual sociedad.

El riesgo que se le plantea al sistema democrático mexicano se localiza en una calle que se mostró intolerante el 13 de noviembre y que saldrá a la calle el 27 atropellando los mecanismos de funcionalidad de las instituciones partidistas y legislativas que serían las responsables de canalizar inquietudes y decisiones, llevando el país, sin intención directa o como objetivo primario, a un régimen de tipo plebiscitario primario basado en el número de asistentes a la calle y mostrando una inequitativa capacidad de representación política que exigen las reglas parlamentarias como mecanismo del sistema de representación constitucional.

Los organizadores de ambas marchas le han restado legitimidad a los mecanismos institucionales y basarán en las decisiones en el número de personas asistentes y no en los equilibrios democráticos institucional.

La sociedad rebasó al sistema representativo con la marcha del 13 y el gobierno terminará de destruir la viabilidad de la democracia representativa con la legitimidad callejera del domingo 27. Y el país, en medio, habrá perdido la oportunidad de una transición del régimen autoritario priista para arribar, desde la izquierda y la derecha, a un régimen basado en la popularidad callejera.