Bienestar por decreto

A la memoria del doctor Alfonso Morales,
leyenda de la crónica deportiva.
Quedan sin su voz el box y la lucha libre

Desde el inicio de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció que la mayor parte de sus decisiones serían por decreto y fue así como impuso un duro recorte al gasto público a fin de mostrar que su promesa de combatir la corrupción iba en serio.

Pensó que sin la tentación del dinero público se acabaría uno de los principales problemas del país y como la constitución se lo permite promovió la Ley Federal de Austeridad Republicana que desembocó en el despido de miles de empleados del gobierno federal, cerró el paso a múltiples contratos y licitaciones indispensables, redujo el salario a los funcionarios especializados, además de cortar drásticamente con los recursos para la administración de gobierno.

Amparado en el espíritu juarista, pero sin considerar el contexto en que el Benemérito planteó la austeridad republicana, se redujo a la mitad el sueldo con relación a los más de 220 mil pesos mensuales que recibía el expresidente Enrique Peña Nieto y estableció que ningún funcionario pueda ganar más que él. También canceló las asesorías, direcciones adjuntas, la compra de automóviles nuevos, seguros médicos privados, los bonos extraordinarios, guardaespaldas, el pago de comidas y los teléfonos celulares.

Suspendió contratos de obras públicas como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y concentró en la Secretaría de Hacienda (que depende de él) todas las compras del gobierno federal.

Encarrerado, se siguió con la cancelación de diversos programas de beneficio social como los centros de protección para las víctimas de violencia intrafamiliar y modificó algunos programas asistencialistas como las guarderías que sustituyó por apoyos económicos directos a través del plan de Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, la pensión para los adultos mayores, las becas para estudiantes, Producción para el Bienestar, sembrando vida o las tandas para el bienestar, cuyos resultados han sido mediocres por su dispersión.

Buena parte de sus decisiones han sido mediante decreto o por sugerencia al la mayoría en el Congreso que de su palabra ha hecho ley.

Sobre esa base, y por primera vez con el consenso del sector privado mexicano, López Obrador logró un sustancial mejoramiento de los salarios, en donde los mínimos aumentaron casi 13 por ciento, un porcentaje no visto en 40 años y que ante la irrupción de la pandemia del COVID-19 evitó que la crisis económica anulara por completo los magros avances en el combate a la pobreza por ingresos.

Con ese entusiasmo y ante el resultado obtenido, pero sin querer entender los vericuetos de la economía que para resolver el tema del bienestar y de la pobreza no basta con decretar transferencias monetarias a la población en la informalidad o con ingresos bajos, sino asegurar primero la recuperación económica con esquemas de producción, generación de empleo que asegure el consumo suficiente para el desarrollo, fue que hace unas semanas propuso en su mañanera elevar los salarios mínimos para 2021 en 15 por ciento.

Y como su palabra es ley, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) estableció en votación dividida que el incremento de las remuneraciones sea de 15 por ciento para el próximo año.

La decisión del órgano tripartita se basó en los votos a favor del sector obrero y de la representación gubernamental, mientras que la patronal se pronunció por primera vez en la historia de la CONASAMI en contra porque la economía no puede resistir por ahora más de 6.5 por ciento de incremento debido a los efectos de la pandemia.

Con un 6.5 por ciento, se argumentó, se podría conservar parte del poder de compra ganado el año pasado e impulsar una sana recuperación. Pero en la mañanera se desestimaron los datos y por decreto el aumento al salario mínimo será de 15 por ciento.

Lo que no quedó claro es que el incremento de los ingresos laborales impulsado el año pasado a través del aumento histórico en los mínimos puede ser un grave problema para la economía porque actualmente es fundamental superar los efectos provocados por la pandemia, tanto en el ámbito nacional como global.

En los hechos se comprueba que el bienestar no se logra con buenos deseos y ya la historia nos ha mostrado a los mexicanos que los aumentos salariales por decreto han traído más pobreza y pérdida de oportunidades.

Hay que trabajar en mejorar los ingresos laborales y no en producir decretos que generalmente se traducen en más incertidumbre y pérdida de bienestar.