Balcón

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 6 de mayo de 2019.- Ex diputados locales están por anunciar la fundación de una organización filantrópica que llevará por nombre “Sociedad Potosina de Amigos de lo Ajeno”. Su lema: “El que no transa no avanza”. Aunque no hay confirmación pública, ya eligieron a su primer Presidente por amplio consenso, al exdiputado Enrique Flores Flores. Como Secretario plenipotenciario va Manuel Barrera y como tesorero Mariano Niño.

La corrupción es un virus que infecta a las instituciones gubernamentales. Muchos políticos la practican.
Entre ellos hay un dogma que los guía cuando son sorprendidos con las manos en la masa cometiendo un hecho de corrupción: “tapaos los unos a los otros”.

La corrupción es un cáncer que produce la pérdida de credibilidad en las instituciones públicas. Daña la democracia y se deleita en la cultura del cinismo. Ejemplos: “Ayúdame a ayudarte»; “Ponte guapo»; “Lo dejo a su criterio joven»; “Acéiteme la mano mi amigo”; “¿Cómo nos arreglamos?»; “Con dinero baila el perro»; “No importa que robe, pero que salpique». “No quiero que me den, sino que me pongan donde hay». “Es año de Hidalgo: pendejo el que deje algo».

La corrupción le cuesta a los mexicanos unos 347 mil millones de pesos anuales, según las últimas cifras de la organización Transparencia Internacional. Dinero que debería ser empleado en políticas públicas que beneficien a la población (Hospitales, escuelas, carreteras, universidades públicas, combate a la pobreza, ciencia y tecnología, cultura, etcétera, etc., etc.). Pero desgraciadamente no es así. De manera dominante el poder público se usa para fines privados. México, para vergüenza nuestra, se ubica en la posición 135 de 180 países como una de las sociedades más corruptas del mundo.

Si las prácticas de corrupción están tan arraigadas es porque cuentan con un cómplice: La Impunidad. 95% de las denuncias de hechos de corrupción quedan sin castigo.

Nuestros campeones de la corrupción

El 12 de junio de 2017 los potosinos nos despertamos con una noticia terrible. A través de un vídeo tuvimos conocimiento, con lujo de detalle, de un acto de extorsión contra el alcalde de Ébano, Crispín Ordaz a manos del entonces diputado panista Enrique Flores Flores.
En el video se observa al legislador ofrecer al edil limpiar todas las cochinadas de su cuenta pública a cambio de un 10 por ciento del monto total de observaciones encontradas (un soborno de cuatro millones de pesos).

Usando el chantaje como herramienta de tortura el diputado Flores le dice al presidente municipal: “Ellos –otros diputados- sí te van a pedir lana para que no debas nada, por dejarte limpio, que no debas nada, que no tengas ni un pedo, pero me dicen: que pase por lo menos el diez por ciento de lo que debes”.

En dicha grabación, el diputado panista señala que Óscar Bautista Villegas (PRI), Guadalupe Torres Sánchez (PRD) y Manuel Barrera Guillén (PVEM), están en complicidad con funcionarios de la Auditoría Superior del Estado para exigir a varios alcaldes entre el 10 y 20 por ciento de los montos observados por el organismo auditor para dejarlos inmaculados, “limpios” de toda mancha por el atraco de fondos públicos.

El legislador cuenta en la grabación que su colega Torres Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia y Barrera Guillén, en aquel tiempo siniestro dirigente del partido Verde, están “haciendo negocios” en la Auditoría Superior del estado.
Esta extorsión se hizo famosa y fue bautizada como “La Ecuación Corrupta”.

El próximo 12 de junio (en un mes) se cumplirán dos años de este escándalo y la Fiscalía General del estado no ha resuelto en definitiva si habrá o no castigo para los culpables. El fantasma de la impunidad se pasea por los expedientes del caso.

Pero aún hay más. A la Fiscalía y al Congreso del estado ya se les hizo bolas el engrudo en otro asunto de presunta corrupción que involucra a otros exdiputados que utilizaron facturas apócrifas para comprobar apoyos legislativos por un monto total de 40 millones de pesos.

Hay sospechas de que se quiere proteger a los implicados brindándoles un manto de impunidad. Se está montando una farsa en la que al final serán perdonados otorgándoles el beneficio de un acuerdo reparatorio. Es decir, los presuntos culpables devuelven el dinero que obtuvieron mañosamente y luego se van tranquilos a su casa. ¡Aquí no ha pasado nada!
En todo esto hay complicidades.

Así las cosas: ¿Cómo legitimar un Sistema Estatal Anticorrupción que no castiga a los corruptos?
Conclusión: Sin castigo no hay justicia.