Ironía
La cifra no sólo es de “escándalo” –como la define la propia Amnistía Internacional–, sino de vergüenza para un gobierno que dice ser el segundo mejor del mundo.
Y es que la tragedia no sólo revela el tamaño del crimen de Estado que se comete en México contra el personal médico, en general, sino en particular contra los trabajadores del IMSS, que son abandonados a su suerte.
Sí, resulta que México ocupa el vergonzoso primer lugar de trabajadores de la salud muertos por Covid-19, con una cifra de terror; mil 320 casos –que siguen creciendo–, entre doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros y, en general, profesionales sanitarios.
Según Amnistía Internacional, en todo el mundo se ha reportado la muerte de 7 mil trabajadores de la salud, a causa de la pandemia de Covid-19. De ellos, en México se contabilizan –como ya se dijo–, mil 320 casos, seguido por Estados Unidos, con mil 077, Reino Unido, con 649 y Brasil, con 664.
A su vez, Steve Corckburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional calificó como “escandaloso” que 7 mil personas pierdan la vida mientras intentan salvar la vida de otros.
Es una crisis de nivel alarmante, “ya que todo trabajador de la salud tiene derecho a estar seguro en el trabajo y es un escándalo que tantos estén pagando un precio tan alto”, dijo el máximo órgano global de Derechos Humanos.
Y mientras México ocupa ese deshonroso primer lugar, su gobierno no sólo guarda silencio al respecto sino que oculta esa lacerante realidad. Peor aún, no pocos defensores a ultranza de los fracasos oficiales, culpan a la enfermedad por la tragedia y no a las políticas fallidas del Estado mexicano.
¿Qué dijo, por ejemplo, en su Segundo Informe el presidente mexicano, sobre la tragedia que viven mil 320 familias de profesionales de la salud que perdieron a un ser querido, cuando intentaban salvar otras vidas?
El presidene López Obrador no dijo nada.
Peor aún, mintió sobre un supuesto éxito de su gobierno frente a la pandemia, a pesar de que las más de 65 mil muertes oficiales por Covid-19 se traducen, en realidad, en casi 200 mil muertes, negadas por el gobierno federal.
Es decir, en México se vive una de las peores tragedias humanitarias, a la vista y la complicidad no sólo del gobierno federal sino de todas las instituciones del Estado.
Callan los Poderes Legislativo y Judicial; callan muchos medios y no pocos opinadores que antaño eran severos críticos de los abusos del poder y que hogaño juegan el juego de “momias del poder”; callan políticos y partidos y, sobre todo, calla buena parte de la sociedad que se niega a ver el tamaño del fracaso que es el gobierno de López Obrador.
¿Cuántos profesionales de la salud habrían salvado la vida, si el gobierno de AMLO hibiése actuado de manera correcta? ¿Cuántos ciuadanos, en general, habrían salvado la vida, si el gobierno de Obraor se hubiese comportado como un gobierno responsable?
Pero la tragedia es mayor y el crimen de Estado aún más evidente si recordamos que ocupar el primer lugar en la muerte de profesionales de la salud, sólo confirma que el gobierno de Obrador no fue capaz, siquiera, de atender la primera línea de combate ante la pandemia; la primera línea que son los profesionales de la salud.
Y si la indolencia oficial en México fue capaz de dejar morir a tantos trabajadores de la salud –al grado de convertir a México en campeón mundial de la indolencia–, qué podemos esperar con el resto de la población, que hoy sigue muriendo sin que a nadie le importe; mienttras el gobierno de AMLO presume ser el segundo mejor del mundo y se ocupa de rifar un avión.
Lo cierto es que asistimos a un imperdonable crimen de Estado.
¿Y por qué se puede catalogar como crimen de Estado la muerte de muchos ciudadanos y otros tantos trabajadores del sector salud?
Primero, un crimen de Estado se define como aquel delito cometido por agentes del Estado –servidores públicos–, o particulares que actúan en complicidad y/o por omisión del propio Estado.
Y, segundo, las principales características del crimen de Estado son: que se trata de actos generalizados; que son sistemáticos; cometidos o permitidos por alguna autoridad y, en especial, que son cometidos por motivos sociales políticos, económicos, raciales, religiosos o cultrales.
En el caso mexicano resulta que son presuntos culpables de crimenes de Estado en el caso de la pandemia, desde el presidente Obrador, hasta todos los titulares de todo el sector salud.
¿Y por qué son presuntos culpables?
Elemental. Resulta que por razones de austeridad –razones económicas–, el presidente Obrador ordenó restringir el presupuesto a todo el sector salud, justo cuando la pandemia estaba en puerta.
Esa orden presidencial se tradujo en carencias elementales, como dotar de los equipos médicos básicos para la protección de la vida de los trabajadores del sector salud, lo cual fue sistemático, generalizado y tolerado por todos los responsables del sector salud; SSA, IMSS, ISSSTE y otros.
En pocas palabras, queda claro que las instituciones del Estado mexicano pudieron evitar la muerte de miles de ciudadaos y trabajadores del sector salud. Y no impidieron esos crimenes de Estado, por sumisión y complicidad con su amado líder, López Obrador.
¿Queda claro que se trató de crimenes de Estado?
¿Quién llevará a juicio al gobierno criminal de Obrador?
Al tiempo.