Amenaza estructural 1

La comunidad en Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, ha sido muy activa en analizar la iniciativa de reforma que elaboró CONACYT para que Palacio Nacional la presentara a la Cámara de Diputados como cámara de origen, pero hay mas amenazas.

La iniciativa en materia de CTI se acompaña, silente y aparentemente disjunta, con otra que recientemente ha atraído la atención.

Se trata de una reforma a la Administración Pública Federal que incluye la modificación de 73 artículos en 23 leyes; sobre la cual ha llamado la atención el que, de aprobarse, se abra la posible y unilateral terminación adelantada de convenios que particulares signen con el gobierno federal.

En otras palabras, por ley, como está propuesta, se autoriza al gobierno federal a que, aun cuando hayan signado convenio de prestación de servicios o enajenación de bienes, arbitraria y unilateralmente opte por la conclusión adelantada del convenio sin sanción alguna; es un despropósito.

Pero este espacio tiene foco de atención en CTI; así que ¿cómo afecta la reforma administrativa a la CTI y sus interacciones públicas y privadas?, ¿qué relación guarda la reforma administrativa con aquella escrita en CONACYT para CTI? Veamos.

El Gobierno Federal tiene dependencias cuyo objeto es conformar un eslabón en la cadena de valor de la generación y aplicación de conocimiento, son los Centros Públicos de Investigación, CPIs; los cuales no son Universidades Públicas, ya que por su competencia, alcance y valor social tienen características distintas, aunque complementarias.

Hay CPIs sectorizados en el gobierno federal, como, entre otros, el IMP e INEEL (en ENERGÍA), CINVESTAV y Colegio de México (en SEP) o los institutos de especialización médica (en SALUD); otros son coordinados por CONACYT, como IPICYT, CIMAV, CIMAT y CIATEJ entre otros 22, en esta entrega serán distinguidos como CPI-CONACYT mientras que CPIs será para el conjunto completo.

El eslabón de la cadena de valor en CTI de los CPIs está en la vinculación a soluciones de sectores públicos y privados; obviamente esto no es prohibitivo para universidades, sino de interacción deseable.

En principio los CPIs son mas pequeños que las universidades públicas, con algún grado de especialización, así que pueden ajustarse con rapidez a demandas específicas, objeto que en otros países se concreta de manera sólida; en México la norma impone una realidad distinta a ese principio.

Los CPI-CONACYT suelen ser convocados para ofertar soluciones a necesidades en dependencias públicas, como IMSS, SHCP, SEP o gobiernos estatales; además cuentan en su objeto ofertar soluciones al sector privado en el marco de su especialización.

De esas soluciones los CPI-CONACYT reciben recursos propios que les permiten, cuando los tienen, solventar parte de su operación ya que el presupuesto público federal es insuficiente para mantenimiento, actualización y renovación de equipo, así como el pago de estímulos a su personal.

En complemento, en México el capital privado no confía en los CPIs para invertir en conocimiento, la mayoría de las patentes se quedan en una gaveta, además sus necesidades productivas son atendidas por consultores internacionales; no hay una cultura consolidada de vinculación pública-privada para CTI en México.

El capital privado confiará mucho menos en los CPIs para invertir en conocimiento si estos pueden dar por terminados los convenios unilateralmente y sin sanción alguna.

Ha costado decenios proponer vínculos de la CTI con el sector productivo como para que las dos iniciativas del gobierno federal destruyan lo edificado sin consolidar: La iniciativa de CONACYT impone una Agenda Nacional -lo que no esté incluido no será prioritario ni deseable- mientras que la administración federal busca terminación unilateral de convenios.

Así nunca caminaremos hacia las soluciones a necesidades para que la sociedad reciba beneficios de la CTI propia, habrá una profunda fractura estructural para el incipiente ecosistema científico mexicano.