¡Ahora, “El Rey Andrés” se va contra la corte!

         Ya disparó sus misiles envenenados contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y contra otros poderes autónomos, a los que descalificó, desdeñó, difamó y, en algunos casos, destruyó.

         Ya disparó contra los empresarios –grandes y pequeños–, que no aceptan sus deseos monárquicos de que “vamos requetebién” y que cuestionan la quiebra del país.

         Ya disparó contra medios críticos como Reforma y El Universal, entres otros, a cuyos propietarios sataniza en todos los foros posibles.

         Ya disparó contra la Policía Federal, a cuyos uniformados acusó de corruptos y de “no estar a la altura” por protestar y llevar a cabo plantones en repudio al juguete de moda; la Guardia Nacional.

         Ya disparó contra los periodistas críticos y llegó al extremo de insultar y difamar a una treintena de ellos a los que acusó –mediante la manipulación de pruebas–, de “recibir dinero” de Peña Nieto.

         Incluso, al guardar silencio sobre el caso Baja California, el presidente Obrador ya decidió solapar la escandalosa corrupción que representa la extensión del mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, uno de los más grandes corruptos y quien compró la candidatura de Morena al gobierno de Baja California, además de comprar impunidad.

         Sin embargo, nada parece contener los afanes centralistas y de control total del poder, por parte del presidente mexicano.

         ¿Por qué?

         Porque no conforme con todo lo anterior “el Rey Andrés” ahora dispara sus misiles envenenados contra todo el Poder Judicial –ministros, magistrados y jueces–, a los que pretende someter para que no sean obstáculo de locuaces proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas.

         Y decimos “el Rey Andrés”, porque el presidente ya perdió el sentido de la orientación democrática y se comporta, en los hechos, como Luis XIV, el mítico “Rey Sol” que acuñó la más acabada expresión del autoritarismo y la antidemocracia; “El Estado soy yo”.

         Y es que López Obrador se cree, imagina o se piensa omnipotente, infalible y omnipresente; se cree depositario y dueño de todo el Estado y, por tanto, todos los días inaugura nuevas facultades presidenciales, por un lado, mientras que, en el otro extremo, reclama su derecho a guardar silencio ante barbaridades políticas como la de Baja California.   

         Sin embargo, lo que Obrador no sabe, lo que ignora o, de plano, lo que se niega a entender es que todos los días, en sus devaneos mañaneros, viola leyes, rompe principios democráticos y violenta la Constitución, esa que prometió respetar.

         Pero el agravio es mayor si vemos su más reciente objetivo a controlar; el Poder Judicial, en general y de la Suprema Corte, en particular.

         Enojado porque diversos jueces han declarado inviables proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía y, por tanto, han detenido los trabajos, el presidente amenazó con exhibir, en sus mañaneras, los nombres de los jueces que, según su “chabacana opinión” dictan amparos a modo

         ¿Quién le dice al presidente Obrador que se trata de amparos a modo? ¿Bajo qué criterios el presidente llega a esa conclusión? ¿Qué facultad tiene el presidente ante el Poder Judicial, para señalar y para exhibir a tal o cual juez, magistrado o ministro de la Corte?

         Lo cierto es que el presidente mexicano no tiene ninguna facultad para interferir en las decisiones del Poder Judicial.

         ¿Por qué?

         Primero, porque la Constitución establece la “división de poderes”. Es decir,  que ninguno de los Tres Poderes está por encima de los otros.

         Segundo, porque el atributo fundamental del Poder Judicial es su autonomía, garante de sus altas responsabilidades.

         Y, tercero, porque el presidente no solo ataca la división de poderes y la autonomía del Poder Judicial sino que –y esto es lo más importante y lo más grave–, combate al poder del Estado al que la Constitución faculta para ser garante del régimen constitucional. El único que legalmente puede determinar si procede o no un amparo, es el Poder Judicial.

         En pocas palabras, cuando López Obrador pretende colocarse por encina de la Constitución y sobre los poderes Legislativo y Judicial el presidente no sólo confirma su ignorancia y su revanchismo, sino que corre la cortina para que todos los mexicanos podamos ver sus desmedida ambición dictatorial.

         Hoy Obrador tiene bajo su control total al Poder Legislativo y busca someter al Poder Judicial. Si lo consigue, habrá destruido la democracias toda y será “El Rey Sol”. Entonces podrá presumir que “El Estado soy yo”.

         Y la pregunta obliga: ¿Y dónde está el Poder Judicial?

          Al tiempo.