Agresión a Noroña, Soberbia o Desesperación

*La Madeja de Negocios Turbios

*Voceros que se Incomunican

Argonmexico / Les levantaron la canasta y… Pelea, Riña, Bronca, Gresca, Altercado, fueron las palabras más utilizadas en programas de televisión y de radio, prensa escrita y medios digitales, para referirse a lo sucedido el pasado miércoles en la Casona de Xicoténcatl, al término de la sesión de la Comisión Permanente, cuando seis priístas arremetieron a golpes contra el presidente del Senado.

La soberbia es la característica o actitud de creerse superior a los demás, se manifiesta como orgullo excesivo y necesidad constante de autoexaltación y reconocimiento. Es un sentimiento de altivez, superioridad, vanidad y prepotencia, y lleva a la persona a infravalorar a otros y creer que sus propias ideas y logros son únicos.

Pese a que las y los conductores veían una y otra vez videos del lamentable suceso, donde se observaba con claridad cómo el senador y presidente nacional del PRI, “Alito” Moreno con otros legisladores de su partido jaloneaban, empujaban, lanzaban golpes y patadas a Gerardo Fernández Noroña; extraviados comunicadores acusaban “zipizape entre senadores”.

Al margen de todo, vale recordar que, los medios de comunicación en México marcharon durante décadas al ritmo que les tocaba el régimen presidencial en turno. Hoy, los desencuentros entre casi todos los medios de comunicación y la Cuarta Transformación, aparecen y van en aumento paulatino desde el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.

Más allá de las diferencias ideológicas (que las hay) y de las políticas públicas que AMLO implementa en el país con un firme carácter social (o humanista como él lo califica); los propietarios de los medios optan a su vez por un nuevo esquema informativo y editorial con que pretenden descalificar y hasta combatir las acciones y decisiones de la 4T. Aunque pierdan audiencia y lectores.

Como la espuma del mar, la agudización de ese distanciamiento ocurre y crece no solo a partir de que López Obrador decide reducir la partida presupuestal destinada a la difusión de campañas o “pautas” institucionales en los medios de comunicación privados; también al suspender pagos exagerados a columnistas que les hacían desde dependencias de la Administración Pública Federal: Pemex, Lotería Nacional, CFE…

Peor aún, el choque y confrontación contra el lopezobradorismo de parte de dueños de medios, conductores de programas, columnistas y articulistas, se agrava cuando AMLO descubre y cancela negocios millonarios y jugosas obras que beneficiaban a dueños de emporios de la comunicación.

Sí, porque ellos mismos o sus “socios”, contaban con “empresas” que “concursaban” y “ganaban” licitaciones públicas para construir y administrar reclusorios, al igual que hospitales u otros bienes inmuebles; todo con contratos firmados en condiciones de abuso y, por supuesto, pagado con recursos federales.

Durante la mañanera del 19 de junio de 2024, López Obrador anunció que su gobierno había comprado nueve de 12 hospitales concesionados en sexenios anteriores bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), que significó afectaciones al erario público por el pago de costosas rentas anuales establecidas en contratos de más de 20 años.

Expuso entonces que la Federación priorizó en todo momento el diálogo y los acuerdos con empresarios, “quienes aceptaron la propuesta de adquisición y el avalúo de los inmuebles” por parte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

Pero es posible advertir que esos empresarios no quedarían muy a gusto con los “acuerdos” ya que por concepto de “rentas” por cada hospital iban a recibir cifras multimillonarias y, al finalizar los 20 años establecidos en los contratos, ellos, los mismos empresarios, se quedarían con los nosocomios en calidad de propietarios únicos.

La Secretaría de Seguridad Pública que encabezaba Genaro García Luna en la gestión de Felipe Calderón, concedió vía adjudicación directa a 6 empresas privadas la administración de 9 reclusorios. El gobierno pagaría 266 mil millones de pesos durante 20 años, a cuyo término los “inversionistas” mantendrían el control de los penales, “con o sin personas privadas de su libertad”.

Sólo en 2020, el pago destinado a estas empresas alcanzó los 16 mil millones de pesos, equivalente a la mitad de lo que el gobierno mexicano destinó a la compra de las vacunas contra la Covid-19. “Por eso no avanzaba México, por eso cada vez más pobreza. ¿Cuándo va a alcanzar el presupuesto?, repuso entonces López Obrador.

Un caso particular lo representa el dueño de Televisión Azteca, de quien se sabe ha hecho hasta lo imposible por eludir el pago de miles de millones de pesos por concepto de impuestos. Hasta ahora, gracias a los amparos que le han concedido integrantes de la saliente Suprema Corte de Justicia de la Nación, pudo convertirse en el gran evasor de México. Pero eso puede cambiar después del 1 de septiembre, con el relevo del Poder Judicial de la Federación.

Y si a ese panorama negativo que prevalece en los medios hacia la 4T, le agregamos el desdén de voceros y responsables de comunicación social de las instancias hacia reporteros de la fuente, y olvidan que son ellas o ellos quienes se encargan de elaborar las notas, reportajes y/o crónicas; la situación se complica para lograr que se difunda la realidad.

En corrillos de colegas, existe una inquietud generalizada respecto al tema de la ausencia de verdaderos comunicadores en casi todas las secretarías y dependencias del gobierno federal como la Sader, SEP, Turismo, Comunicaciones, Trabajo, IMSS, ISSSTE, Infonavit, Profeco, CFE, Lotería Nacional…

Lo más preocupante es que esto se repite en casi todos los gobiernos estatales. Son muchas las personas encargadas de enlazar a los gobernantes con la sociedad que se alejan de los medios y, quien paga los platos rotos, es la jefa o jefe. La soberbia, es una máscara de la ignorancia…

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