Esquiroles de oposición, apoyan a Morena
La idea de una Agenda de Estado para Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, subyace en el anteproyecto de Ley que CONACYT ha puesto a consideración del ejecutivo federal, con intención de que eventualmente se incluya en Agenda Legislativa.
Pero esta idea no es nueva, entre mis archivos hallé un documento titulado “Hacia una agenda nacional en CTI”; documento cuyo objetivo se orientó a una política de Estado en el periodo 2012-2018, fechado en septiembre de 2012, exacto, en aquel que ahora se trata de neoliberal.
Al final del documento aparecen algunos nombres de profesionales de la CTI sonados en el análisis del anteproyecto propuesto por la actual administración federal; otrora promotores ahora detractores.
Sí bien hay algunas similitudes también es cierto que hay diferencias sustantivas entre la idea de Agenda de Estado en el documento que hallé y el anteproyecto actual; efectivamente, el primero con corte orientado al mercado mientras que el segundo de corte estatista.
Grandes defectos y errores tienen ambos documentos, el mayor de todos, en lo que son iguales, es focalizar los objetivos de la CTI mexicana como un acto del gobierno en turno.
El documento de 2012 dice que la Agenda Nacional se construyera para “Hacer del conocimiento y la innovación una palanca fundamental para el crecimiento económico sustentable de México, que favorezca el desarrollo humano, posibilite una mayor justicia social, consolide la democracia y la paz, y fortalezca la soberanía nacional”.
De similitudes obvias con diferencia “sobre el derecho humano a recibir los beneficios de la CTI”, el anteproyecto actual menciona ese derecho, pero no dice de quién es la obligación de dar las condiciones para ello ni cómo debería hacerse.
El documento de 2012, autolimitado a uno de reflexión, nunca tuvo los alcances que el anteproyecto actual tiene en el sentido de convertirse en una Ley General; aunque ya citaba a un Sistema Nacional de CTI así como insinuaba relación con otro, el Sistema Nacional de Educación Superior.
Ahora la Ley General de Educación Superior ha sido promulgada, ahí se incluye al sistema nacional en esa materia, de traslape con CTI –este espacio opina que no debe estar contenida una en la otra sino que sólo debe haber traslape-
Así, pues, el gran error de la CTI mexicana, reflejada en los intentos de norma que desde 1970 siguen impulsándose, es la dependencia de ésta con una Agenda Nacional que deberá definirse cada sexenio.
Factual, esto ha sucedido con cada administración federal que toma las riendas, es un elemento que no ha permitido el desarrollo de nuestra capacidad CTI para la generación y aplicación del conocimiento más allá de la formación de recursos humanos.
La CTI no tiene periodicidad sexenal; seguimos haciendo lo mismo salvo diferencias ideológicas que agravan los golpes de timón, ¿cómo esperamos resultados distintos si sólo impulsamos la misma esencia permeada de cada ideología elegida voluntariosamente?
Esta columna opina que la alternativa es hacer algo diferente, como que CONACYT evolucione hacia un Organismo Constitucional Autónomo, OCA, dedicado a la conformación y vigilancia de políticas públicas en CTI, unas de periodicidad asexenal, incluyentes de todos los sectores de la sociedad; donde los diferentes actores, incluso en Estado, sean escuchados, pero sin dependencia de estos.
La idea que CONACYT evolucione hacia un OCA tampoco es nueva, sí lo es de mas reciente discusión, tan reciente que, lamentablemente, ni siquiera permea en los círculos de profesionales de la CTI mexicana.
Entretanto, el debate se ha polarizado: Desde CONACYT se señala y acusa de neoliberal y promotora del mercado a la CTI previa, como si hubiera antes y después en CTI, en la otra esquina, como en la Arena Coliseo, señalamientos de control estatista totalitario.
Parece broma, pero no; la polarización es tal que, me cuentan, mediante un mecanismo de comunicación entre investigadores del CINVESTAV algunos colegas se han retado a golpes.