A menos de 700 días

La administración pública federal actual tiene menos de 700 días, ya han dicho que no les alcanzará para concretar sus conceptos; en Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, el lapso parece una eternidad.

El dicho anterior luce como un exceso ante el entusiasmo que han desatado los recientes resultados en la convocatoria 2022 para el Sistema Nacional de Investigadores, SNI; por la satisfacción algunos han perdido de vista que quienes han recibido promoción, a niveles 1 y 2, deberán estar ahí, según lo indica el reglamento, por 10 años antes de considerar una posible promoción adicional, esto sin importar cuánto esfuerzo y éxito concreten en la generación y aplicación del conocimiento.

Además, a quienes les aprobaron su expediente deberán solicitar documentación a la SHCP, como la actualización de la FIEL y otros mas; no perdamos de vista que conseguir una cita para esos fines han sido muy complicado, hasta se ha reportado tráfico en esa tramitología: ¿acaso no podían haberlo indicado en la convocatoria del SNI para que quienes la atendieran fueran avanzando en su trámite?

Otro conjunto de ficciones se encuentra en los requisitos del CONACYT actual a posgrados nacionales, esos que reconoce para otorgar becas.

Entre estos se han inventado la “retribución social”, aparenta al servicio social pedido para la obtención de grados académicos, pero es para la liberación de beca que CONACYT otorga; se cuenta con un listado ambiguo y ambivalente de actividades, en la práctica resultará en un requisito absurdo que se extraviará en el tiempo.

De hecho, ya hay historia en este sentido, luego de dos decenios hay a quienes, en fecha recientes, se les ha solicitado, de nueva cuenta, la documentación de su correspondiente liberación de becas y proyectos; es decir, las bases de información, físicas o digitales, son inconsistentes, frágiles y vulnerables, de forma tal que pasan sexenios y no tenemos información sólida para contrastar la capacidad instalada en CTI y, de ahí, la posibilidad de insertarnos, como país, a iniciativas internacionales como la estrategia de ciencia y tecnología en chips procesadores e instrumentación digital.

Ahora bien, no debe confundirse, los señalamientos a CONACYT no buscan despreciar la rendición de cuentas, por el contrario, la rendición de cuentas debe ser organizada y ordenada para poder estructurar a la información, de forma tal que esté disponible para el público en general y para propiciar alianzas internacionales tanto como configurar estructuras nacionales a fin de atender necesidades de nuestro país.

La administración actual en CONACYT se ha caracterizado por desestructura y desorden; lo exhibe el número de cambios a reglamentos en pocos años, como el caso del SNI, hecho que resulta de la falta en claridad de los programas en CTI.

Tan así que la comparecencia de la directora del CONACYT ante el Senado, además de una pléyade de evasivas cantinfleadas, es seguida de promesas incumplidas y autoproferidas.

Esto no es de sorprender ya que nunca hubo, en la administración actual de CONACYT, una planeación estratégica que pusiera en orden las ideas, que identificara, en un esquema elemental al menos, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; mucho menos una planeación que estableciera, en blanco y negro, con base en metas medibles, un plan de ruta para alcanzar objetivos estratégicos de escala nacional.

Tan así que, además de las irregularidades en los nombramientos de directores de centros públicos de investigación, CPIs, coordinados por CONACYT, las personas en titularidad de los CPIs tampoco tienen planes estratégicos como los comentados en el párrafo anterior, así que atienden su quehacer diario, la representación legal y dirección general a ciegas, sin estructura ni plan estratégico de ruta.

A estas alturas, que las autoridades en CTI sigan en el discurso de analizar y planear, a menos de 700 días para cerrar su ciclo, sólo deja claro que únicamente han tenido palabrería sin ideas claras.