6 semanas

El desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, está normada en México mediante, ahora, la Ley de Ciencia y Tecnología, LCyT, la Ley General de Educación Superior, LGES -Capítulo II del Título III- y el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, RSNI.
Hay un polémico anteproyecto de reforma para la LCyT; éste luce en la congeladora, no ha sido incluido en la agenda legislativa de la actual sesión ordinaria y para una extraordinaria, pues, no luce como prioridad ni para el poder ejecutivo ni para el legislativo.
La LGES y el reformado RSNI son instrumentos de ley que, de hecho, han entrado en vigor; han sido publicados en el DOF el próximo pasado 20 de abril.
Ahí se expide la LGES, que abroga la antecesora Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
La LGES tiene diversos artículos y conceptos de alto riesgo para el sistema entero de educación superior en México.
Algunos puntos preocupantes fueron analizados en esta columna en diciembre de 2020; es digno de retomar a la gratuidad en las instituciones que otorguen grados.
El problema no es la gratuidad por sí misma sino por la sostenibilidad y crecimiento de largo plazo (vea el Título Sexto dedicado al financiamiento y su concurrencia).
A pesar de la insostenibilidad, al expedir la LGES el poder ejecutivo federal parece dar cumplimiento a compromisos con grupos que tendrán impacto en 6 semanas y días; como la Sección Tercera en el Capítulo III del Título Tercero, lo cual se da con tiempo suficiente para cantar cumplimiento previo el gran evento del 6 de Junio.
Por su parte, el Gobierno Federal, mediante el CONACYT, publica la reforma al RSNI; se modifican varios artículos en éste, que entro en vigor hace apenas seis meses.
Destaca la temporalidad tan breve para reformar al RSNI; el hecho es que organismos públicos enmendaron la plana al CONACYT y para la reforma se la revisaron y corrigieron.
Le enmendaron la plana porque en su redacción, aquella publicada en agosto del año pasado, el RSNI no era incluyente, incluso era discriminatoria en términos de género.
Le revisaron y corrigieron la plana respecto de la regulación normativa; le aprobaron la publicación en esa materia, sin manifestación en ningún otro sentido.
A pesar de tales correcciones, el RSNI tiene grandes defectos, tal es el caso de la discriminación, que prevalece, pero ahora al retirar la beca que otorga el Sistema Nacional de Investigadores, SNI, a profesionales de la CTI sólo por laborar en instituciones privadas.
El beneficio en este caso es un pretendido y mal entendido ahorro en el presupuesto del SNI; así lo justificó CONACYT en las respuestas a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, según ha trascendido.
Antípoda confusa, esquizoides iniciativas; en la LGES se promueven actos públicos que propician claramente la riesgosa insostenibilidad, empero en el RSNI se justifica eliminación de becas a profesionales de la CTI en instituciones privadas argumentando ahorro presupuestal.
En relación al RSNI, no encuentro mas supuestos en mis reflexiones: El “beneficio”, en el contexto del gran evento en 6 semanas y días es mostrar a las huestes que sí se limita la iniciativa privada para cooptar la intención masiva.
Si lo anterior tiene algo de verdad, tristemente, se implicaría el fomento a la polarización social, la esperanza de las personas debería estar en una mejor vida para sí y no en una peor para otros.
Otra implicación, podría ser un cálculo equivocado; una medición errónea del riesgo en la contienda, hay decepciones.
Entretanto, la CTI se encuentra devastada por las decisiones tomadas al momento.
Hay voces en la comunidad de la CTI que proponen bloquear Insurgentes Sur para presionar a CONACYT, esa es cancha conocida en Palacio Nacional; otras buscan promover foros de análisis y discusión, esa otra es esperada en Palacio ya que no resultará o tardará.
En 6 semanas sabremos sobre el impacto de un discurso que domina la opinión pública y el imaginario colectivo frente a la comprensión de éste.