Indicador Político

Por Carlos Ramírez

Una cosa es que la presidenta represente la continuidad transexenal del proyecto de Andrés Manuel López Obrador para mínimo tres sexenios, y otra cosa es que la carga de todos los pasivos heredados le impida al Gobierno actual definir y operar con precisión su propio proyecto, aun sin salirse de los acotamientos de la herencia recibida.

La presidenta Sheinbaum ha tenido que administrar sin margen de maniobra los cuatro principales ejes del proyecto lopezobradorista: sistema político ajustado a la nueva mayoría, seguridad determinada por tratar de mantener el modelo de “abrazos, no balazos”, geopolítica centrada en el acoso del presidente Trump y su modelo de regreso a la reconstrucción del bloque estadounidense, y escasísimos márgenes de maniobra en materia de desarrollo por la política económica neoliberal-asistencialista y el manejo de un presupuesto que no genera recursos para planes propios.

A diferencia de López Obrador, la presidenta Sheinbaum sí se decidió por la propuesta de un modelo de desarrollo integral: el Plan México. Pero las herencias lopezobradoristas, la carga dominante de enfoques populistas, la negación gubernamental a pactar un acuerdo productivo con el empresariado privado a condición de otorgarle autonomía política y de clase, la falta de un equipo económico con capacidad para desarrollar las potencialidades del nuevo Plan y el vicio del centralismo absoluto en las voluntades y decisiones del Poder Ejecutivo federal han limitado las posibilidades de marcar con claridad los márgenes de maniobra del Gobierno actual con respecto al gobierno anterior.

En este contexto, la administración de la presidenta Sheinbaum ha quedado en un modelo amorfo de continuidad-secuencia, pero con un grupo de Gobierno sin movilidad propia para reducir las formas caudillistas que siguen operando, a veces por dinámica propia.

La presidenta Sheinbaum va a terminar, en el calendario constitucional, su segundo año de gobierno con la entrega de su informe sobre el estado de la administración pública en el periodo septiembre de 2025 a septiembre de 2026. Este ciclo se puede resumir de manera muy sencilla: el estancamiento en lo general y la falta de capacidad o voluntad de autonomía relativa para tomar los hilos del poder federal e implantar su proyecto de gobierno, aun siendo la continuidad del anterior.

Pero el principal lastre de la administración de la presidenta Sheinbaum apareció en los últimos dos meses: las presiones de Estados Unidos en el escenario de lo que la Casa Blanca ha definido como la narcopolítica o el narcoestado, que están mandando mensajes insinuados de una lista de políticos y funcionarios lopezobradoristas involucrados en la protección a cárteles del narcotráfico, con el peso en las espaldas de la piedra llamada Rubén Rocha Moya y sus compromisos con López Obrador.

La solicitud de arresto con fines de extradición de Rocha Moya y nueve cómplices, así como la cancelación de la visa a Andy López Beltrán, son apenas la punta del iceberg de temores que están desarticulando las complicidades y provocando la búsqueda de acuerdos privados de mexicanos sospechosos con las autoridades judiciales estadounidenses.

La presidenta Sheinbaum se encuentra atrapada entre la parte negativa de una herencia y su falta de fuerza institucional —aunque la tendría en lo personal— para replantear el espacio de maniobra del expresidente López Obrador y exigir su espacio para utilizar los cuatro años que quedan en el sexenio y conseguir reencaminar la política nacional sin el lastre del pasado reciente.

Pero el verdadero desafío de la presidenta Sheinbaum se percibe en la necesidad postergada de reconstruir el sistema político para sacarlo de las herencias entrelazadas del régimen priista-prianista-lopezobradorista y llegar a la conclusión de que las posibilidades de dinamizar su modelo de desarrollo del Plan México dependen, primero, de terminar con el estilo bonapartista del lopezobradorismo y, después, de construir un aparato de poder que se olvide de la vieja herencia indígena-novohispana-priista, que se basa en un presidencialismo autoritario.

Sin una democracia de sistema/régimen/Estado/Constitución/populismo, el Plan México se quedará atorado —como se encuentra en la actualidad— por la falta de un dinamismo productivo que requiere de la independencia de las clases que participan en la economía y las exigencias de la modernización institucional: un Estado menos autoritario, un presidencialismo no mañanero, una clase obrera organizada política e ideológicamente para capacitarse y negociar, y una clase empresarial que no tenga que ir a Palacio Nacional por sus estrellitas por cada nueva inversión.

Si no se alcanzan estas condiciones, los cuatro años que faltan del sexenio serán iguales a los dos que terminan hoy.

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Política para dummies: la política es cosa de todos, no nada más del Tlatoani que ha sido la única herencia de los pueblos originarios.

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