2a parte de autonomía constitucional para CTI

En la entrega inmediata anterior se trató la valía de organismos autónomos, mejor aun constitucionalmente autónomos, y cómo su relevancia hace una mejor sociedad.

Incluso, aunque no lo vean mentes obtusas, los organismos autónomos permiten mejores actos de gobierno y, en consecuencia, la posibilidad de llegar al poder y conservarlo con menor desgaste; esta conjunción última y principal de los partidos políticos.

Se sostiene la falta de mas instituciones constitucionalmente autónomas con capacidades y facultades para elaborar políticas públicas, avaladas, custodiadas y supervisadas por el Estado Mexicano, mas no ejecutadas por el gobierno en turno.

Se induce que cualquier reforma seria en materia de ciencia debe considerar la autonomía constitucional, ahora unos detalles.

Es el caso de la Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, cuyos tiempos y características han mostrado, en todo el mundo, que la construcción de políticas públicas en esta materia, llevadas sin ideologías, sino con personas especialistas y apolíticas; una CTI dirigida por profesionales que no se deban a eventos y decisiones partidistas, sino a la generación del conocimiento y su aplicación.

El tiempo que caracteriza a proyectos en CTI requiere autonomía; las características de especialización y la gran diversidad de especialidades impone capacidades holísticas en las políticas públicas en esta materia; hay requerimientos de presupuesto público para propiciar y sostener ecosistemas en CTI que incluyan y fomenten la inversión privada a fin de obtener productos de la aplicación del conocimiento.

Esta columna espera no causar confusión, si bien la estructura sólida en CTI ha demostrado capacidad de respuesta en muy poco tiempo, como en el caso ce la vacuna anti-COVID19, es sólo con la formación de profesionales y arraigo de estructura e infraestructura, consolidada en decenios, que se logra tan sorprendente tiempo de respuesta.

Sí, la formación sólida de nuevas generaciones científicas y la consolidación de estructura y e infraestructura instalada requiere de estrategia basada en resultados sostenida por decenios y ello sólo se implica en la autonomía de las decisiones político-electorales; es México eso significa dotar de autonomía constitucional al sistema científico nacional.

Significa que se propicie una integración de un ecosistema científico, uno que involucre la cadena de valor del conocimiento, desde la educación superior, incluido posgrado, obviamente.

Reconocer que los talentos para la CTI son, como en otros ámbitos de la humanidad, seleccionados desde cualquier condición, sin discriminación de persona alguna, sólo por selección de capacidades y talento para aprender rápido y mucho de CTI.

Además de la formación de recursos humanos altamente capacitados y muy competentes, la instalación, actualización y mantenimiento de equipamiento e instalaciones especiales -infraestructura, pues- es indubitable.

El complemento está en una normatividad que permita tránsito hacia el mercado, ya controlado por actores públicos ya regulado por las leyes del mercado, ambas no son mutuamente excluyentes en la CTI.

En este sentido se debe incluir gobernanza meticulosa no invasiva, transparencia de recursos, pago debido de regalías e impuestos, fomento de generación de empleos con remuneración competitiva internacionalmente; no con base en tabuladores limitativos, sino con base en resultados, experiencia y valor agregado de las soluciones construidas por el prestigio de profesionales de la CTI.

Un tránsito con tales características implica una estructura normativa, de ahí la definición y relevancia de una reforma progresista; no sólo para salir de una falta legislativa y recurrir al imprescindible federalismo, sino para construir un sistema científico que permita ofrecer soluciones mediante los beneficios del conocimiento, tanto el propio como el global.

La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados puede quedar congelada, discutámosla.