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MORELIA, Mich., 18 de enero de 2024.- La nueva Ley de Justicia Cívica es casi una buena intención del Congreso del Estado, pero las opciones eran iniciar poco a poco o no hacer nada, reconoció el diputado Hugo Anaya, uno de los impulsores de la norma.
Reconoció la falta de capacidad económica de los municipios para implementar la ley en un plazo de 180 días, pero señaló que tienen acceso a recursos de diversos fondos para empezar y, en todo caso, deberán solicitar una prórroga para cumplir la nueva ley.
Desde el año pasado se aprobó que, al menos el 10 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se debe destinar a la justicia cívica y, a través del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz) también pueden acceder a recursos para este fin y son incentivos para empezar.
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