Rechazan llegada de Mario Godoy al INPI en SLP; pasó de afro a rarámuri

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 4 de abril de 2025.- El reciente nombramiento de Mario Godoy Ramos como representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en San Luis Potosí ha desatado una fuerte controversia, con acusaciones de influencias políticas, presunto nepotismo y falta de transparencia en el manejo de recursos destinados a comunidades indígenas.

El activista de la Sierra de San Miguelito, Juan Felipe Cisneros Sánchez, cuestionó la designación de Godoy Ramos, señalando que existen presiones políticas detrás de su nombramiento, especialmente por su relación con Ernestina Godoy Ramos, actual funcionaria en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Recursos en disputa: el manejo del FAIS

Uno de los puntos clave en esta polémica es el manejo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), programa que destina recursos a comunidades indígenas para infraestructura básica. En 2024, se asignaron 502 millones de pesos, de los cuales solo el 10 por ciento irá directamente a las comunidades, mientras que el 11 por ciento será manejado por el Gobierno del Estado y el 79 por ciento, por los municipios.

Críticas al FAIS han surgido debido a la falta de claridad en los lineamientos y la ausencia de reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades indígenas, lo que permite que otros actores puedan acceder a estos fondos sin una regulación estricta.

Polémica por auto adscripción indígena

Otro de los temas que ha generado suspicacias es la auto adscripción de Mario Godoy Ramos, quien en 2018 se identificó como afromexicano y ahora, en 2025, se presenta como Rarámuri.

Aunque cuenta con experiencia en atención a pueblos indígenas, su origen y los motivos de su nombramiento han sido puestos en duda.

“Su hermana Ernestina Godoy utilizó su influencia política para imponerlo en el cargo, y eso que buscan erradicar el nepotismo en el gobierno de la doctora Sheinbaum, al menos eso dicen”, afirmó Cisneros Sánchez.

Líderes indígenas han advertido sobre posibles irregularidades en el FAIS, ya que municipios y otros actores ajenos al sector indígena podrían estar manejando los recursos sin garantizar el beneficio directo a las comunidades.

“Los municipios quieren que las comunidades pongan todo su recurso y ellos ‘completarían’ la obra, lo que distorsiona el propósito del programa”, señalaron representantes de pueblos originarios.

Ante esta situación, activistas y autoridades comunitarias exigen mayor transparencia en la distribución de los fondos y que se garantice la autonomía de las comunidades indígenas en el manejo de los recursos.

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