Para fortalecer la ciencia y tecnología nacional

Una demanda histórica del sector científico de nuestro país es lograr incluir en la agenda pública a la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) como un elemento estratégico y fundamental para el desarrollo nacional. 

Reconocer la relevancia de la CTI en la agenda nacional debe reflejarse en tres premisas fundamentales: i) lograr un nivel de inversión significativa, que genere suficiente infraestructura y propicie la formación de una masa crítica de investigadores; ii) alcanzar una regulación ad hoc que permita que las instituciones dedicadas a la CTI cuenten con la suficiente autonomía y flexibilidad a fin de que el proceso de investigación científica llegue a concretarse en productos definidos y comercializables que redunden en mayores niveles de productividad, sin que obstáculos normativos o burocráticos entorpezcan el proceso; y iii) lograr un nivel de integración suficiente entre los centros de conocimiento (universidades y centros públicos de investigación), empresarios y gobierno; a fin de lograr un marco de consenso y participación. 

Bajo ese contexto, es evidente que el tema del financiamiento no sólo depende de la voluntad o el consenso político, depende también de las condiciones y el entorno económico. Pero la regulación y la integración de los actores en la definición de las políticas públicas del sector son asignaturas pendientes que desde hace mucho podrían haberse abordado y han quedado olvidadas. Son elementos que dependen del diseño normativo y, por tanto, involucra a los legisladores a nivel local como federal. 

Mientras que el marco normativo no estimule apropiadamente al sector, éste difícilmente podrá apoyar al desarrollo nacional. Desde luego, esto no significa una normatividad laxa o un pleno marco de excepción. Significa abordar con absoluta transparencia y legalidad la posibilidad de fomentar el desarrollo del conocimiento y su aplicación.

Y no obstante que la Ley de Ciencia y Tecnología representó una innovación desde su aparición, aún queda la posibilidad de alcanzar mayor flexibilidad operativa y autonomía en las instituciones generadoras de conocimiento. Por ello, es pertinente revisar la legislación en la materia a fin de alcanzar la consolidación de la innovación y la gobernanza en las instituciones de CTI.

Desafortunadamente, hasta el momento no hay señales claras de fortalecimiento a la CTI nacional, quizá todo lo contrario. Hemos visto cómo el sector del conocimiento no ha contado en los años recientes con el apoyo necesario, se ha olvidado la pertinencia estratégica del conocimiento. Así, la astringencia de recursos y una visión limitada de largo plazo han relegado el desarrollo de la ciencia y tecnología nacional. 

Debe quedar en el pasado la idea romántica de que un país pueda ser considerado como “un país rico” por contar con amplios recursos naturales. Lo que nos dice la experiencia de las últimas décadas es que los recursos naturales eventualmente en muy poco pueden abonar para generar riqueza para la sociedad. Por el contrario, lo que si hemos observado es que las economías que han planteado una meta de mediano y largo plazo en la inversión y promoción de la CTI han crecido notablemente. Así, países como Corea o Singapur, economías que en los años sesenta del siglo pasado eran comparables en lo económico con nuestro país, hoy en día nos han superado; y los datos atribuyen este desarrollo económico en buena medida a un decidido empuje a la CTI. 

Quizá ya es el tiempo en que las nuevas generaciones de políticos lleguen con propuestas frescas y renovadas. ¿Se imagina usted que un joven político sustentara básicamente su candidatura en un apoyo a la ciencia y tecnología? …si, ya sé…pero se vale soñar…