México retrocede en índice de Estado de Derecho

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 22 de febrero 2021.- México se fue a la baja en el índice de Estado de Derecho, según el reporte realizado por The World Justice Project (WJP) para el 2020, por lo que ahora el país ocupa el lugar 104 de los 128 países evaluados.

Dicho índice asigna puntajes y rankings a los siguientes factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil, y justicia penal. Los puntajes van de 0 a 1, donde 1 indica la mayor adherencia al Estado de Derecho.

“El Índice es la evaluación más completa del Estado de Derecho en el mundo, y es la única medición que se construye a partir de datos primarios”, estable WJP.

Con la evaluación de dichos factores, México presenta un puntaje general de 0.44 para el 2020, alejándose del Estado de Derecho en tres posiciones. A nivel América Latina y el Caribe, el país se encuentra en la posición número 26 de 30; solo por encima de Honduras (.40), Nicaragua (0.39), Bolivia (0.38) y Venezuela (0.27).

El factor en el que el país presenta la mayor cambio en su puntaje es Orden y Seguridad, al descender -0.03 puntos (0.53) y que representa un cambio estadísticamente significativo al 10 por ciento. En el ranking internacional se encuentra en la posición 121 de 128 evaluados, por encima de Malí (0.51), Venezuela (0.48), Camerún (0.48), República Democrática del Congo (0.48), Pakistán (0.37), Nigeria (0.35) y Afganistán (0.29)

“La seguridad es una función fundamental del Estado, y una característica de una sociedad con Estado de Derecho. También es una precondición para la realización de derechos y libertades que el Estado de Derecho busca promover”, se establece en el índice.

Este factor es seguido por ausencia de corrupción, en el que presenta un puntaje de 0.27, siendo el octavo país en el mundo con la peor calificación. En este se toman en cuenta tres tipos de corrupción: sobornos, influencias indebidas por intereses públicos o privados, así como la apropiación indebida de fondos públicos u otros recursos. También se analiza la corrupción en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, la policía y el ejército.

En límites al poder gubernamental, el país se encuentra en la posición 89, con un puntaje para el factor de 0.46. En este, se mide si quienes gobiernan están sujetos a la ley, los mecanismos constitucionales e institucionales que limitan a los funcionarios y agentes del gobierno, y que les obligan a rendir cuentas, así como los controles no gubernamentales, como una prensa libre e independiente.

En contra parte, Gobierno abierto es el factor en el que México cuenta con el mejor puntaje de los ocho que se evalúan en el índice, al presentar una calificación de 0.60 y ubicándose en la posición 36 a nivel mundial. Dicho factor mide la apertura del gobierno, si publica información, fortalece a la población con herramientas para exigir rendición de cuentas, y si fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones.

“Este factor mide si las leyes y la información acerca de derechos legales están disponibles públicamente, así como la calidad de la información proporcionada por el gobierno”, describe WJP.

Se encuentra seguido por derechos fundamentales, pues el país presenta un puntaje de 0.52, ubicándose en la posición 78 del ranking mundial. Este factor se centra en evaluar una lista de derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que están intrínsecamente relacionados con el Estado de Derecho.

En cumplimiento regulatorio, en el que evalúa si las regulaciones se implementan de manera justa y efectiva, México obtuvo un puntaje de 0.45, ubicándose así en la posición número 91.

Mientras que en justicia civil cuenta con un puntaje de 0.39, para establecerse en la posición 116. En este factor se evalúa si las personas pueden resolver sus agravios de forma pacífica y efectiva a través del sistema de justicia civil, además de medir si estos son accesibles, asequibles, libres de corrupción, discriminación, e influencias indebidas por parte de los funcionarios públicos. También se examina si los procedimientos judiciales se realizan sin retrasos que no son razonables y si las decisiones son aplicadas de manera efectiva, así como la accesibilidad, imparcialidad, y efectividad de los mecanismos alternativos de solución de disputas.

Por último, en justicia penal se ubica en la posición 119 con un puntaje de 0.30, en el que se evalúa el sistema de justicia penal del país, y en el que se considera a la policía, defensores, fiscales, jueces y personal penitenciario.